La Justicia argentina pidió a la CARU información sobre la planta de HIF en Paysandú

Un juzgado federal ordenó remitir documentación y monitoreos de calidad de agua mientras continúa el proceso judicial impulsado por legisladores argentinos.

La Justicia argentina pidió a la CARU información sobre la planta de HIF en Paysandú.

La Justicia Federal argentina dio un nuevo paso en la causa iniciada contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA por el proyecto de instalación de una planta de combustible sintético en Paysandú, al ordenar que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) remita estudios e información técnica sobre la calidad de las aguas del río en la zona donde se prevé desarrollar el emprendimiento.

La medida fue adoptada en el marco de la acción judicial preventiva de daños ambientales presentada en Argentina por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto con el senador Adán Bahl, quienes reclaman que se respeten los procedimientos previstos en el Estatuto del Río Uruguay para este tipo de proyectos.

De acuerdo con el comunicado difundido por Michel, la perito bióloga designada en el expediente solicitó acceder a documentación científica actualizada para poder elaborar el informe técnico encargado por el juzgado. En concreto, pidió que la CARU aporte informes, estudios, monitoreos, análisis y antecedentes sobre la calidad del agua correspondientes al tramo comprendido entre Termas de San José y la ciudad de Concepción del Uruguay, en la provincia argentina de Entre Ríos.

Más datos para un análisis exhaustivo

El juez federal Hernán S. Viri hizo lugar a esa solicitud y libró un exhorto al organismo binacional para que remita toda la información requerida. La resolución señala que el pedido se realiza en el marco de las facultades previstas por la normativa procesal vigente y busca fortalecer el análisis técnico de la causa. Los legisladores sostienen que el proyecto podría generar efectos ambientales sobre el río Uruguay y consideran necesario contar con una evaluación exhaustiva antes de su eventual instalación.

Tras conocerse la decisión judicial, Michel destacó que el expediente continúa avanzando por los canales institucionales. “Como venimos planteando desde el inicio, la salida de este conflicto es a través de la aplicación de la ley y del tratado del Río Uruguay, y la Justicia viene dando pasos concretos en ese sentido”, expresó el diputado nacional. Además, sostuvo que el proceso judicial permite abordar el tema con criterios técnicos y jurídicos, alejándolo de la discusión política.

La controversia en torno al proyecto ha generado intercambios entre autoridades de ambos países durante los últimos meses. Desde Uruguay se ha insistido en que el emprendimiento cumplirá con las exigencias ambientales y que se ha mantenido un diálogo permanente con Argentina para despejar dudas sobre sus eventuales impactos.

Plazos y la espera por la decisión

Mientras el expediente avanza en la Justicia argentina, HIF Global continúa negociando con el gobierno los últimos detalles del proyecto. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, informó que la empresa tendrá plazo hasta diciembre de este año para resolver si concreta la inversión en Paysandú.

La jerarca recordó que la iniciativa comenzó a desarrollarse en 2022 y que, tras el cambio de gobierno, se abrió una nueva etapa de conversaciones para ajustar algunos aspectos del plan original. En diciembre de 2025 se firmó un memorando de entendimiento que fijó los criterios de trabajo entre el Estado y la compañía. Según Cardona, durante los últimos meses se avanzó en acuerdos que dejan conformes a ambas partes. Entre las alternativas analizadas figura la posibilidad de utilizar infraestructura industrial ya existente de Ancap en Paysandú, lo que implicaría una relocalización parcial de la planta.

La ministra también indicó que esta variante fue presentada a las autoridades argentinas durante las reuniones bilaterales mantenidas recientemente. Una vez culminen las negociaciones con el gobierno uruguayo, la decisión definitiva quedará en manos de la empresa, que evaluará durante el segundo semestre si ejecuta una de las inversiones más relevantes proyectadas para el desarrollo del hidrógeno verde en el país.