El presidente Yamandú Orsi abrió la posibilidad de corregir o retirar los artículos cuestionados tras las críticas y en medio de un debate que sigue escalando.
La liberación anticipada de presos divide al sistema político.
Los cambios al régimen de libertad anticipada en el Código del Proceso Penal (CPP) sumó un nuevo capítulo luego de que el gobierno admitiera la posibilidad de revisar o incluso retirar los artículos cuestionados, en medio de críticas opositoras y llamados al diálogo desde el oficialismo.
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El senador del Partido Colorado (PC), Pedro Bordaberry, celebró lo que consideró una rectificación del Poder Ejecutivo (PE). “El gobierno dio marcha atrás con la propuesta de liberar presos”, afirmó. Además sostuvo que su reciente interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, fue determinante para frenar una medida que, a su juicio, implicaba riesgos en materia de seguridad pública. En esa línea, destacó la relevancia de las instancias parlamentarias como "un mecanismo para escuchar y corregir”.
La interpelación, realizada el 9 de abril, apuntó al plan de seguridad presentado por el Ejecutivo y reavivó el debate sobre antecedentes similares, como la liberación de reclusos durante el primer gobierno del Frente Amplio (FA). Bordaberry insistió en que “no repetir errores” debe ser una premisa central al momento de legislar en esta materia. "La democracia se fortalece con el debate y la capacidad de rectificar", sostuvo el senador.
Por su parte, el presidente Yamandú Orsi reconoció que, si los cambios propuestos al CPP generan preocupación, el camino es revisarlos. “Si eso no conforma, evidentemente habrá que sacarlo o corregirlo”, señaló, dejando abierta la puerta a modificaciones en el proyecto enviado al Parlamento.
Desde el oficialismo, la senadora Bettiana Díaz llamó a bajar el tono de la discusión y evitar simplificaciones. “La seguridad no se mejora con consignas, sino con medidas efectivas”, afirmó, al tiempo que cuestionó que el debate se reduzca a endurecer o no las penas. También planteó la necesidad de evaluar el funcionamiento del sistema y su impacto en la reincidencia.
Díaz aseguró que “no todos los casos requieren la misma respuesta” y agregó que lo necesario es contar con un sistema que pueda diferenciar situaciones. “Debemos bajar un poco la pelota en algunas instancias y ponernos a trabajar en construir acuerdos, porque realmente hasta ahora lo que tenemos es la constatación del fracaso, desde la reapertura democrática hasta acá”, concluyó.
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