La oposición profundiza la ofensiva contra el plan de seguridad del gobierno y denuncia falta de financiamiento

El Plan Nacional de Seguridad 2025-2035 proyecta la incorporación de 2.300 efectivos, pero la oposición duda de los tiempos de ejecución.

Álvaro Delgado y Andrés Ojeda lideran el cuestionamiento técnico y político a la hoja de ruta 2025-2035 presentada por el gobierno.

Dirigentes y legisladores del Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI) se reunieron con los sindicatos policiales para analizar el plan de seguridad presentado por el ministro del Interior (MI), Carlos Negro, y el presidente de la República, Yamandú Orsi.

El encuentro consolida una estrategia opositora que busca articular sus cuestionamientos con quienes están en el terreno: los propios policías. Cuando el 26 de marzo el gobierno presentó el plan, un documento de 340 páginas con 79 acciones y más de 130 medidas para los próximos diez años, la reacción opositora fue inmediata y contundente. "Muchos titulares y pocas medidas concretas. Además de llegar tarde, el plan se queda corto", escribió Álvaro Delgado, presidente del PN, en la red social X el mismo día del anuncio.

El diputado blanco, Pablo Abdala, fue aún más directo y calificó la propuesta "de la nada misma" y habló de "una enorme decepción". El senador colorado, Andrés Ojeda, y varios dirigentes opositores coincidieron en la misma frase: "La montaña parió un ratón".

Ahora, con el encuentro con los sindicatos policiales, la oposición agrega un argumento adicional: los propios efectivos de la Policía comparten las dudas sobre el plan.

Críticas desde el PN: "Es un plan a demanda"

Delgado, sumó en su última aparición pública una crítica que apunta al método de gobierno más que al contenido específico del plan. Para Delgado, el plan de seguridad responde a la misma lógica que el plan para personas en situación de calle presentado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides): se lanzan cuando hay presión política, no porque haya una agenda clara de gobierno.

"Es un plan a demanda, porque cuando había ruido con el tema del Mides y cuestionamientos en la interna del Frente Amplio (FA) porque no estaban dando el Mides y porque cada vez había más gente en la calle, bueno, salen de golpe a decir un plan", afirmó y luego ironizó: "Este gobierno ha sido por lo menos coherente en eso, cuando hay algún tema anuncian un plan, no anuncian acciones, anuncian un plan, y eso nos preocupa un poco".

La crítica sobre la falta de coordinación interinstitucional también fue central en su análisis. "Esto no es un tema solo del Mides, hay que involucrar al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), al MI, a ACE con camas para adicciones, hay un gran problema de salud mental, gran parte de los que están en calle vienen de un proceso carcelario, hay varias instituciones que tendrían que tener un ámbito de coordinación mucho más efectiva", señaló.

Lo que dice y lo que no dice el plan

El Plan Nacional de Seguridad 2025-2035 contempla siete ejes estratégicos: homicidios, violencia de género, narcotráfico, ciberdelitos, sistema de justicia penal, control de armas y sistema de prevención del delito. Entre sus medidas más concretas figuran la incorporación de 2.300 policías para vacantes y nuevos cargos para 2027, el establecimiento de "anillos digitales" con cámaras de reconocimiento facial para controlar el acceso a Montevideo, la creación de una fiscalía especializada en temas penitenciarios y la expansión del rol de las Fuerzas Armadas en las fronteras.

El ministro Negro defendió el plan como "una nueva forma de hacer seguridad", diferente a las "listas de medidas" del pasado que se concentraban en el aumento de penas. Destacó que el proceso de elaboración insumió nueve meses de trabajo con partidos políticos, instituciones públicas y privadas, académicas y sociales, y organismos internacionales.

Lo que la oposición cuestiona no es tanto el diagnóstico, que reconocen como correcto, sino la ausencia de respaldo presupuestal concreto y la falta de medidas disruptivas. El senador colorado, Tabaré Viera, señaló que el gobierno "perdió un año de actuar contra la delincuencia, la violencia y el narcotráfico", mientras que Ojeda criticó que el plan carece de fundamentos presupuestales sólidos.

La alianza con los sindicatos policiales

La decisión de reunirse con los gremios policiales tiene una lógica política clara: si los propios uniformados tienen reparos sobre el plan, la oposición gana un argumento de peso que el gobierno difícilmente pueda ignorar. Los sindicatos policiales son actores con llegada directa al público y con credibilidad en temas de seguridad, y su respaldo, o su cuestionamiento, tiene impacto en la opinión pública.

El oficialismo, por su parte, intentó contrarrestar la ofensiva. La legisladora frenteamplista, Bettiana Díaz, calificó de "poco serio" y "apresurado" el cuestionamiento de la oposición al plan de seguridad, y el propio Orsi defendió que el plan es "seguir una línea de trabajo que viene de lejos", apoyándose en la continuidad del director de la Policía Nacional, José Azambuya, quien fue mantenido en el cargo desde la administración anterior.

El debate sobre la seguridad pública seguirá siendo uno de los ejes centrales de la confrontación política en Uruguay. Con 471 muertos en accidentes de tránsito en 2025 y la criminalidad como principal preocupación ciudadana según todas las encuestas, el gobierno sabe que este terreno es políticamente costoso. Y la oposición también sabe que es donde más puede dañar.