El gobierno había anunciado que 16 familias trabajarían en el predio, pero el plan definitivo aprobado esta semana bajó el número a solo 7 unidades tamberas.
La oposición insiste en que el Instituto de Colonización pagó un 55% más caro el valor de la hectárea en comparación con los precios reales de la zona.
El senador blanco, Sebastián Da Silva, anunció que convocará al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, a la Comisión de Ganadería del Senado, después de que esta semana el directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) aprobara un proyecto colonizador para la estancia que prevé instalar entre seis y siete unidades lecheras, muy lejos de las 16 familias colonas que el gobierno había anunciado durante la interpelación de agosto del año pasado.
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"El gobierno le mintió al Senado diciendo que habían gastado 32,5 millones de dólares para instalar 16 colonos. Ayer el directorio de Colonización confirmó que van a ir solo seis. Esto quiere decir que estuvieron verseándole a la gente durante unos cuantos meses", lanzó Da Silva en declaraciones a Telemundo.
El documento aprobado el miércoles 6 por el directorio del INC, al que accedió el semanario Búsqueda, efectivamente prevé la instalación de entre seis y siete unidades de producción lechera familiar con una superficie promedio de 146 hectáreas cada una y un índice de productividad promedio de 124. La inversión requerida para esas unidades es de 1,7 millones de dólares. También incluye un sistema intensivo de producción con banco de grano y forraje bajo riego por pivote en un área mínima de 1.200 hectáreas, y plantea generar "alternativas viables" para las 160 hectáreas que incluyen el casco principal y los olivares.
La diferencia respecto a lo que se había dicho es concreta: en agosto de 2025, durante la tensa interpelación en el Senado, Fratti había hablado de instalar 16 tambos y generar alrededor de 160 puestos de trabajo. El proyecto aprobado ahora contempla entre seis y siete unidades. Para Da Silva, esa brecha es la prueba de que las cifras presentadas al Parlamento no tenían sustento.
La compra de María Dolores, una estancia de 4.404 hectáreas en Florida, ha sido uno de los puntos de mayor fricción entre el gobierno y la oposición desde el primer día. La decisión fue adoptada en mayo de 2025 y comunicada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, durante el velatorio del expresidente de la República, José Mujica, lo que generó una controversia adicional por el contexto del anuncio. La interpelación de agosto fue suspendida en la madrugada por un tenso cruce con insultos entre Da Silva y el senador frenteamplista, Nicolás Viera, y cerró con el Frente Amplio (FA) respaldando a Fratti gracias a su mayoría de 17 senadores.
Da Silva ya en agosto había señalado que el precio pagado por hectárea era un 55% por encima de los últimos 13 negocios del INC y que el costo por punto de índice productivo fue un 38% superior al promedio. La oposición también señaló en esa instancia irregularidades en la composición del directorio que votó la compra. Fratti respondió en su momento que la investigadora parlamentaria era "para salir en la prensa" y que el INC ya había comprado más de 10.000 hectáreas desde que asumió el gobierno.
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, volvió a salir en respaldo de la compra y dijo: "Para nosotros fue una buena decisión del INC que vino anclado en un compromiso de campaña, donde nos planteamos que el INC volviera a comprar tierras para los trabajadores, particularmente para los jóvenes y el sector de la lechería". Luego, Sánchez descartó la narrativa de que el anuncio durante el sepelio de Mujica fue intencional: "Se generó una controversia de que había sido en homenaje a Mujica, cuando no lo fue. Se dio la coincidencia de que el instituto funcionaba el mismo día de la desaparición".
La convocatoria a comisión que prepara busca que Fratti explique exactamente eso: qué cambió entre lo que prometió en agosto y lo que el directorio del INC aprobó esta semana.