A poco más de un mes y medio de iniciadas las actuaciones de la comisión investigadora de Diputados sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), los cruces políticos en torno al caso se profundizan, mientras algunos legisladores consideran que no existen elementos que justifiquen continuar con las indagatorias y otros sostienen que persisten irregularidades relevantes.
La investigadora por María Dolores profundiza las diferencias y divide aguas en Diputados
El legislador de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, afirmó que la compra del predio no presenta anomalías, mientras desde el Partido Colorado, Carlos Rydström, cuestionó el procedimiento y el precio pagado por hectárea.
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La comisión investigadora por la compra María Dolores obtuvo luz verde en Diputados
La investigadora por María Dolores profundiza las diferencias y divide aguas en Diputados.
Uno de los posicionamientos más contundentes fue el del diputado de Cabildo Abierto (CA), Álvaro Perrone, integrante de la comisión, quien aseguró que la investigadora “ya no tiene razón de ser” porque, hasta el momento, “no hay ningún tipo de delito” asociado a la operación de compra del predio rural.
El legislador afirmó que, luego de las comparecencias y de la documentación analizada, no se encontraron elementos que indiquen sobreprecio ni irregularidades sustanciales en el proceso. “Por el momento la investigadora no ha encontrado nada”, sostuvo Perrone, quien remarcó que el único aspecto eventualmente cuestionable refiere a la situación de Nicolás Chiesa, un punto que —según indicó— deberá resolver la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).
Otro foco que dejaría atrás la compra
En esa línea, el diputado consideró que la comisión terminó desviándose de su cometido inicial y que actualmente las convocatorias se enfocan más en aspectos vinculados a la producción lechera que en las presuntas irregularidades denunciadas originalmente por el Partido Colorado (PC). “Estamos haciéndole perder tiempo a los que vienen a la investigadora, muchos ni entienden por qué fueron citados. El objeto de investigación ya quedó obsoleto”, afirmó.
Perrone cuestionó particularmente las recientes convocatorias a gremiales lecheras, como representantes de la Sociedad Fomento Colonia 33 Orientales de Florida y de la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón. Según dijo, las comparecencias apuntan a analizar “la unidad productiva” de María Dolores y no la legalidad de la compra. “¿Qué tiene que ver eso con una investigadora por el supuesto delito de la compra?”, planteó el legislador, quien además acusó al diputado colorado Carlos Rydström, vicepresidente de la comisión, de “tirarle piedras a la luna”.
No obstante, Perrone reconoció que puede discutirse “la oportunidad” política de la adquisición realizada por Colonización, aunque aclaró que se trata de un debate estrictamente político y no jurídico. “Sobre la compra propiamente no vemos un sobreprecio ni un actuar que amerite una investigadora más que el ruido político”, resumió.
El Partido Colorado defiende la investigadora
Desde el Partido Colorado (PC), sin embargo, la visión es muy distinta. Rydström sostuvo a la diaria que el trabajo de la comisión permitió confirmar varias situaciones “complejas e incorrectas” vinculadas al proceso de compra. Entre ellas, mencionó la rapidez con la que actuó el directorio del INC y la situación del entonces presidente del organismo, Eduardo Viera, quien ejercía el cargo siendo colono.
El legislador colorado aseguró además que existió un “desvío de poder” en relación con equipos de riego incluidos en la operación y cuestionó el precio abonado por el predio, que ascendió a 7.400 dólares por hectárea. A su entender, el INC no acreditó adecuadamente la viabilidad económica y productiva del proyecto, tal como exige la normativa vigente.
Para Rydström, el caso deja una discusión de fondo sobre los límites entre las decisiones políticas y las exigencias jurídicas y técnicas. “No vale cualquier cosa, y lo político nunca debería estar por encima de lo jurídico”, afirmó.
En paralelo, el presidente de la comisión investigadora, el diputado del Frente Amplio (FA), Sebastián Valdomir, evaluó positivamente el funcionamiento de la instancia parlamentaria y sostuvo que hasta ahora no aparecieron elementos que justifiquen sospechas firmes sobre la compra. Según indicó, las partes permitieron reunir información y evidenciaron que el proyecto apunta a fortalecer una iniciativa productiva vinculada al sector lechero.