Con fondos insuficientes y capacidad de pago hasta julio, la institución atraviesa una complicada situación financiera a la espera de una solución estatal.
La Cámara de Diputados vota el proyecto de salvataje de la Caja de Profesionales.
El tratamiento de la crisis financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) ha ocupado gran parte de la agenda política y económica del Uruguay en los últimos meses, la cual ha llegado a su etapa final de financiamiento y espera soluciones por parte del gobierno.
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Este miércoles, luego de que haya sido aprobado el proyecto de salvataje de la caja propuesto por el gobierno en la Comisión Especial, se comenzó a debatir en Diputados la iniciativa que pretende solucionar la crisis financiera de la institución. Un proyecto que, en caso de aprobarse en el plenario, será tratado en el Senado este jueves.
Desde la crítica constante de la oposición al proyecto del oficialismo, como así también las posiciones en contra por parte de las autoridades de la caja, se espera que la iniciativa sea aprobada lo antes posible debido a la urgencia del tratamiento financiero de la institución.
La situación crítica de la Caja de Profesionales es un golpe duro y directo a los trabajadores que ya dejaron su actividad y dependen de las prestaciones de la institución. La crítica realidad de la institución se debe a un desbalance financiero creciente que viene arrastrándose desde hace tiempo.
Tal es así que las autoridades de la caja han adelantando que la institución no tendrá los fondos suficientes para pagar a principios del mes de julio, a tan solo un mes y pocos días de distancia. La comunicación fue mediante una carta dirigida a presidencia, en la que establecen que "no podrán hacer frente a sus obligaciones a partir del mes de julio de 2025".
Entre las causas de la crisis financiera de la institución se encuentra, el problema que se repite en todos los sistemas de solidaridad intergeneracional, donde las expectativas de vida se ven aumentadas y, a su vez, las nuevas generaciones tienen cada vez más dificultades para aportar. Por otro lado, se le suman la baja de aportantes al sistema y los trabajadores que aceleran sus jubilaciones ante el panorama desfavorable que se viene acarreando desde 2005.
“Como consecuencia de la acumulación de tensiones previsionales de orden demográfico y financiero que persisten en la última década, agudizadas desde el ejercicio 2019 por la acumulación de resultados operativos negativos en su fondo jubilatorio, se evidencia palmariamente una grave erosión de sus reservas de capital, a tal extremo que, de no actuar legalmente, se agotarían en el próximo mes de julio”, sostiene el proyecto en su exposición de motivos, que lleva la firma del presidente Yamandú Orsi y del gabinete de ministros.
Como ya se había adelantado, la iniciativa busca “conferir sostenibilidad financiera a la Caja a largo plazo preservando su autonomía y régimen previsional, fortaleciendo su estructura de ingresos y despejando la inminente cesación de pagos”.
Para ello, la idea es implementar modificaciones al sistema actual: una nueva tasa de aportación; una nueva escala de sueldos fictos y opción de cambio de escala de fictos; plazos especiales de convergencia de regímenes; cambios graduales en la edad de retiro y causal anticipada por extensa carrera laboral; ajuste de años para el cálculo del sueldo básico jubilatorio; cambios en la asignación de jubilación; establecimiento de una contribución pecuniaria progresiva sobre asignación de jubilación y pensión; asistencia a cargo del Estado; cambio en actualización de valor en los recursos indirectos (timbres profesionales); y la estimulación de la permanencia en actividad de los profesionales afiliados.
Por parte de la oposición existen cuestionamientos debido a que un proyecto muy parecido fue presentado a comienzos del año 2023, justamente para evitar las improvisaciones y soluciones rápidas. Sin embargo, la Coalición Republicana (oficialismo en ese momento) no logró el consenso dentro de su unidad política, debido a que Cabido Abierto no apoyó, ni tampoco consiguió los votos del Frente Amplio, quien ahora demanda la aprobación de su iniciativa.
El proyecto fue duramente criticado por la oposición que presentó modificaciones, empezando con la necesidad de no imponer el incremento contributivo ni para activos ni para pasivos que, en el primer caso, sería desde la suba de la tasa de aportación y, en el segundo, desde una contribución pecuniaria.
Además, la oposición propuso su actualización por el Índice Medio de Salarios (IMS) a partir de la aprobación de la que podría ser la nueva ley, como también la actualización de los mismos más diez puntos porcentuales desde julio de 2025, durante cinco semestres hasta finales de 2027.
Otro de los cambios que busca la oposición es incorporar una asistencia financiera mayor a la propuesta por el Poder Ejecutivo, que llega a los 30 millones de dólares. En principio podría haber acuerdo de que fuera la correspondiente a los valores recaudados por IASS que pagan los profesionales jubilados -aproximadamente 39 millones de dólares-, y así comunicarlo.
Justo antes de que comience el debate dentro de la Comisión Especial, oposición y oficialismo llegaron a acordar en "varios puntos", según había adelantado el diputado del Partido Nacional (PN), Pablo Abdala. Sin embargo, hicieron hincapié en que no apoyarán el aumento a los pasivos ni el incremento de los aportes a los activos (del 22,5%). Desde el Partido Nacional aseguran que Rentas Generales es la que deberá cubrir ese déficit, casi duplicando sus aportes a la caja, lo que es una situación complicada para el gobierno que busca reducir el déficit fiscal.
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