La Caja, sin caja

La demora en los inevitables ajustes en el organismo generaron mayores costos públicos, y la solución que discute el Parlamento podría no resolver el problema de fondo.

El proyecto de reforma de la Caja de Profesionales podría no aprobarse en el Parlamento, por lo que el Estado cubrir en 690 y 70 millones de dólares.

En estas horas los diputados discuten el proyecto de ley para el salvataje de la Caja de Profesionales. Es un asunto urgente: en pocas semanas la Caja se queda sin recursos para cumplir al día con sus obligaciones y entraría en una situación insostenible. A contrarreloj, se busca una solución.

Bien podría haberse evitado esta ansiedad si se hubiera aprobado el proyecto elaborado por el gobierno pasado en el año 2023, pero la Coalición Republicana gobernante no logró consenso (Cabildo Abierto no apoyó) y el Frente Amplio (en aquel momento en la oposición) tampoco respaldó el proyecto del Ejecutivo de aquel entonces (a pesar de que sus representantes en el Directorio de la Caja, que actuaron entre 2005 y 2020, conocían directa y sobradamente el problema). Demorar los inevitables ajustes, en todos los planos del gobierno, termina generando mayores costos a mediano y largo plazo para el erario público.

Si se hubiera aprobado el proyecto del gobierno anterior (bastante parecido al del actual) se habrían evitado al Estado algunos cientos de miles de dólares extra que ahora será inevitable disponer. Además, dado el declive financiero de la institución, según quienes siguen de cerca la situación se aceleró la declaratoria de no ejercicio profesional (menos aportantes) y también las jubilaciones: aquel que tiene causa establecida y ve el panorama, tiende a acelerar su jubilación.

El nuevo gobierno frenteamplista envió un proyecto con financiamiento tripartito para salvar la Caja, institución que hasta ahora no ha requerido asistencia. Como decíamos, es muy similar al enviado por el gobierno anterior: establece un aumento en el aporte de los activos, un aporte nuevo de los pasivos y financiamiento de rentas generales; cada una de las fuentes aportaría una cifra similar, de entre 30 y 35 millones de dólares cada una.

El Frente Amplio tiene mayoría en el Senado, pero no en Diputados y allí la oposición ha dicho que no votará el artículo que crea el nuevo aporte de los pasivos. De manera que, si no hay novedades de último momento, es Rentas Generales la que deberá “cubrir” ese componente, debiendo duplicar el aporte anual. Si se estimaban unos 30-35 millones de dólares, ahora serían cerca de 60-70 millones de dólares. Un duro revés para las pretensiones del equipo económico de reducir el déficit.

Desde la oposición se contrapone que los pasivos ya hacen un aporte a través del IASS y que -además- el proyecto del Ejecutivo incluye la garantía estatal para que la Caja haga emisiones de deuda. Estiman que con un préstamo de 50 millones de dólares se resolvería la situación en el corto plazo. Pero la institución tiene una proyección de déficit de 20 millones de dólares para 2026; si no hay aportes adicionales, la carga quedará para el Estado, de inmediato o a futuro, si se echa mano a un préstamo.

Podría argumentarse que -de ampliarse la base de aportantes- la caja podría entrar en una trayectoria más sostenible, pero eso es muy poco probable (además, si vienen más a aportar a la Caja, aportan menos al BPS). El futuro también dependerá de cómo transcurra el período de convergencia con el régimen general (la reforma de la seguridad social aprobada en el gobierno anterior, y ratificada en plebiscito, establece que todos los sistemas converjan). Pero todo indica que el Estado deberá aportar más de lo previsto. Dado que no hay consensos parlamentarios, el asunto podría llegar hasta la Asamblea General.

El aporte de los pasivos

Más allá de sus particularidades, el caso de la Caja Profesional tiene el problema de fondo de todos los sistemas de “solidaridad intergeneracional”: el aumento en la esperanza de vida y las dificultades de aportación de las nuevas generaciones hacen que la trayectoria sea cada vez más deficitaria. Esto se sabe hace años y si no se vio fue porque no se quiso.

Si bien hubo cambios recientes, ante la crisis, el mecanismo de cálculo de las pasividades profesionales ha sido históricamente claramente mejor que el régimen general. De manera que resulta lógico que, en el salvataje, se incluya un aporte de los pasivos. Lo establecía el proyecto de la Coalición Republicana (2023) y lo establece el actual del FA.

Pero los partidos de la Coalición Republicana (hoy en la oposición), no lo llevan. Se argumenta que los jubilados profesionales ya aportan al Estado (en este caso al BPS) a través del IASS (que está explícitamente asignado al BPS). Es cierto, pero si ese razonamiento prevaleciera, debería aplicarse también a otras cajas y servicios de jubilaciones y pensiones. Fiscalmente, casi imposible. Además, el IASS (primo hermano del IRPF) tiene una lógica de imposición progresional, no es simplemente un descuento que se aplique a todas las jubilaciones.

En el fondo del asunto, la quiebra de la Caja (porque así debe catalogarse) se genera porque los jubilados profesionales están cobrando mucho más de lo que la Caja puede dar, de manera que parece algo racional y obvio que algún aporte importante de los pasivos debe haber, como parte de la solución. Salvando las distancias (merecería una nota aparte) es lo que sucedió con la Caja Bancaria. Según los datos actuariales, los jubilados profesionales cobran -en promedio- 100 pesos por cada 40 pesos aportados. Insostenible.

Pero tal vez lo más preocupante es que la solución que surja, cara y tardía, puede no ir al fondo del asunto. Porque si se pretende mantener un esquema de “solidaridad intergeneracional” seguirán las tensiones y -seguramente- los déficits. Parece bastante claro que, a la larga, la solución de fondo es otra, sencilla, y está a la vista: establecer cuentas de ahorro individual y compensar con subsidios a los que estén en una posición de más necesidad, con las jubilaciones más bajas. De hecho, la reforma impulsada por el gobierno anterior y hoy vigente, establece de forma obligatoria -en un proceso paulatino- que todos los pasivos (incluyendo los profesionales) también tengan cuenta individual en una AFAP. Más vale algo y tarde, que nada, nunca.