Las principales empresas que operan en Uruguay reclamaron al gobierno que tome medidas ante la percepción de “un enclave logístico inseguro e inestable”.
Las navieras advierten que el Puerto de Montevideo se volvió "poco confiable comercialmente".
El conflicto extenso y complejo en el Puerto de Montevideo sigue generando nuevas preocupaciones, ahora en las navieras que operan en Uruguay, las cuales reclamaron medidas al gobierno ante la percepción de la principal terminal portuaria del país como "un enclave logístico inseguro e inestable".
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La recurrente interrupción de la operativa portuaria en Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el marco del conflicto sindical por las diferencias de los trabajadores y la empresa respecto de la elaboración de un nuevo convenio colectivo ya no solo tiene consecuencias directas en los sectores exportadores locales sino que empieza a afectar también la reputación internacional del puerto y del país. En esa línea, un grupo de empresas navieras integrado por Maersk Uruguay, Ocean Network Express, Cosco Shipping Lines, CMA CGM Uruguay y Hapag-Lloyd Uruguay manifestaron su "profunda preocupación" ante la parálisis operacional y los paros por tiempo indeterminado a través de una nota enviada al Poder Ejecutivo.
En ese sentido, el texto dio cuenta del "escenario de extrema incertidumbre y parálisis" que afecta a TCP, así como de las medidas gremiales que "impiden garantizar un funcionamiento mínimo efectivo y eficaz de los servicios marítimos de contenedores en Uruguay". Según señalaron, el devenir del conflicto en el puerto implicó "severos perjuicios económicos y comerciales debido a la detención sorpresiva de actividades por la imposibilidad de movilizar la carga"; así como el quiebre en la continuidad y previsibilidad de las operaciones, afectando a todos los actores de toda la cadena portuaria y logística regional.
La nota, dirigida a varios ministros con relación al conflicto, señala también el incumplimiento de la obligaciones contractuales asumidas a partir de las interrupciones en la operativa portuaria, con el consiguiente riesgo comercial y de continuidad para los empleos, y la generación sobrecostos de cancelación. También, alertó sobre el daño severo al "prestigio internacional de Uruguay al ser percibido por los operadores globales como un enclave logístico inseguro e inestable, poco confiable comercialmente".
"El perjuicio trasciende largamente a las empresas del sector; compromete la competitividad internacional del comercio exterior uruguayo y la reputación de su principal terminal especializada de contenedores", insistieron las navieras, reclamando una "mediación activa" por parte del gobierno "para alcanzar una solución inmediata de fondo que restituya la previsibilidad al Puerto de Montevideo de forma que sea una opción confiable y segura para cualquier buque de contenedores".
Por su parte, el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, sostuvo que "la preocupación es compartida" respecto de la situación en el Puerto de Montevideo", pero recordó que, desde el gobierno, están "ocupados en resolver el tema", "trabajando, colocando propuestas y tratando de salir de esa situación”.
En ese sentido, este lunes se lleva a cabo una nueva reunión tripartita con el sindicato de TCP y los representantes empresariales —la empresa belga Katoen Natie es la socia mayoritaria, pero también hay participación estatal a través de la Administración Nacional de Puertos (ANP)—, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita destrabar el conflicto en el puerto.
El punto de partida de la reunión será la última propuesta presentada por el MTSS, la cual plantea, entre otros aspectos, un mínimo de 21 jornales asegurados al mes, a partir de mayor de 2027. La empresa había ofrecido un piso de 20 jornales, mientras que el reclamo sindical apuntaba a 25. En tanto, otro de los principales puntos de diferencia sigue siendo la partida extraordinaria.
En caso de no alcanzarse un acuerdo, es posible que el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) convoque a un nuevo paro nacional, esta vez por 48 horas. De existir avances en la negociación, el gremio de TCP exigirá también que los servicios mínimos decretados por el Poder Ejecutivo sean levantados automáticamente, y también llevarán a cabo la medida de fuerza de no cumplirse este punto.