Diputados de La Libertad Avanza expresaron preocupación por el interés uruguayo en la compra de una patrulla oceánica al Reino Unido.
Las negociaciones por los buques británicos genera un nuevo malestar con Argentina por la causa Malvinas.
La relación de Uruguay con el Reino Unido vuelve a generar rispideces con Argentina, apenas días después de la polémica por el stand de la Expo Prado que promocionaba a las Islas Malvinas como Falkland Islands; y esta vez, el problema con el país vecino reside en la posibilidad de que el gobierno adquiera hasta dos patrullas oceánicas (OPV) británicas.
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Mientras el gobierno uruguayo sigue sopesando posibles nuevos proveedores para una única patrulla oceánica tras la recisión del contrato con el astillero español Cardama, el hecho de que una de las alternativas sea el Reino Unido no cayó bien en Argentina. Al respecto, un grupo de diputados de La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente Javier Milei, presentaron un proyecto de resolución en el Congreso para "expresar preocupación" por el interés por los buques británicos.
El texto, presentado por el diputado Damián Arabia y co-firmado por otros 20 legisladores libertarios, señala "las implicancias que dicha operación pudiera tener en el marco de las históricas relaciones de cooperación entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, y de la disputa de soberanía entre nuestro país y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
"Nuestros lazos de hermandad y el histórico, solidario y generoso apoyo uruguayo a la Causa Malvinas ameritan evitar esta adquisición", añadió Arabia en sus redes sociales.
Cabe recordar que, recientemente, la administración argentina endureció su postura respecto de la ocupación de las Islas Malvinas, y que este giro político de la gestión de Milei ya supuso roces con el gobierno uruguayo recientemente, a partir del malestar que generó en el país vecino un stand británico en la última edición de la Expo Prado; así como las versiones, posteriormente desmentidas por el Ejecutivo, sobre un supuesto cable submarino entre Montevideo y las islas.
El posicionamiento de los diputados libertarios no es del todo novedoso, sobre todo, considerando que, días atrás, el exministro de Defensa y actual senador por el Partido Nacional (PN), Javier García, había advertido sobre las posibles implicancias diplomáticas —además de las desventajas técnicas— que tenía avanzar con la propuesta británica para la compra de las patrullas oceánicas.
La semana pasada, García advirtió en la Cámara Alta que la adquisición podría generar “posibles problemas con Argentina” y reclamó que la Cancillería evaluara las eventuales consecuencias diplomáticas. Asimismo, cuestionó la oferta que comprende los patrulleros HMS Tyne, HMS Mersey y HMS Severn de la Marina Real, y señaló la operación también cuenta con reparos de la Armada Nacional. De hecho, los fundamentos al proyecto de resolución presentado por los diputados de LLA apunta también a esta objeción técnica, y señalan que, pese a la misma —así como al reclamo argentino sobre las islas—, "la decisión gubernamental ha avanzado durante todo el presente semestre con posibilidades de aparente conclusión".
Lo cierto es que la misma titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Sandra Lazo, confirmó que el gobierno analiza seriamente la incorporación de dos patrulleros británicos de la clase River, aunque considera que "no son OPV", sino buques destinados a la vigilancia del mar uruguayo y la zona económica exclusiva del país.
De hecho, en declaraciones a El Observador de este martes, la ministra señaló que se están llevando a cabo los estudios respecto de las condiciones de traslado, el equipamiento necesario y si las embarcaciones —con 23 años de antigüedad y consideradas inadecuadas para las necesidades de la flota, según la Armada Nacional— llegaría en "calidad de donación" por parte del Reino Unido.
Por otra parte, la única OPV que adquirirá el Estado, finalmente, será encargada a un astillero y la compra se hará bajo el esquema Estado a Estado, a uno de tres posibles proveedores: Hyundai Heavy Industries (Corea del Sur), Cotecmar (Colombia) y Naval Group (Francia).