El informe del World Justice Project destaca la fortaleza institucional del país, aunque revela debilidades en la justicia penal y el sistema penitenciario.
Uruguay está primero en la región en Estado de derecho.
Uruguay es conocido a nivel mundial por resaltar en su institucionalidad, respeto a la democracia y los bajos índices de corrupción, tal es así que ocupó el puesto 22 entre 143 países evaluados en el Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project (WJP), mientras que ocupa el primer lugar en la región; sin embargo, la seguridad pública y la justicia penal continúan siendo su talón de Aquiles.
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De acuerdo con la publicación, el país obtuvo una puntuación general de 0,72 sobre un máximo de 1, por encima del promedio mundial de 0,55, y se ubicó primero entre los 32 países de América Latina y el Caribe incluidos en el estudio. Además, registró una mejora acumulada del 1,2% respecto de 2021, aunque su desempeño se mantuvo relativamente estable durante los últimos seis años.
El informe evalúa ocho dimensiones del Estado de derecho a partir de encuestas a la población y cuestionarios a especialistas, que permiten analizar tanto el funcionamiento de las instituciones como la aplicación efectiva de las leyes. Uruguay ocupa el primer lugar regional en seis de esos ocho factores, con sus mejores resultados en derechos fundamentales, límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción y gobierno abierto.
Pese a encabezar el ranking regional, Uruguay desciende hasta el puesto 78 a nivel mundial en el indicador de orden y seguridad, donde obtiene 0,71 puntos y ocupa la novena posición entre los países latinoamericanos y caribeños. Dentro de esta dimensión, el control efectivo de la delincuencia alcanza una puntuación de 0,69, mientras que el indicador referido a la ausencia de violencia para resolver agravios se sitúa en 0,44. En contraste, la limitación efectiva de los conflictos civiles obtiene la máxima puntuación posible, con 1,00.
La situación también presenta desafíos en materia de justicia penal, que constituye la dimensión peor evaluada del país, con 0,58 puntos. En este apartado, Uruguay ocupa el puesto 32 mundial y el cuarto regional.
El dato más preocupante corresponde a la eficacia del sistema penitenciario, que registra apenas 0,31 puntos, el valor más bajo entre todos los subindicadores del perfil nacional. A su vez, la eficacia de las investigaciones penales alcanza 0,42 puntos, mientras que la rapidez y efectividad de los procesos judiciales penales obtiene 0,56. Sin embargo, la justicia penal también muestra la mayor mejora acumulada desde 2021, con un incremento del 3,4% en su puntuación, aunque continúa siendo el factor de menor desempeño absoluto.
Los resultados no sorprenden, ya que la seguridad y el sistema penitenciario han sido tema de discusión política y han ocupado los principales temas de preocupación de la ciudadanía en los últimos años. De acuerdo con el último informe del Ministerio del Interior (MI), se registró un aumento interanual del 13% en homicidios respecto de los tres primeros trimestres de 2025. Como consecuencia, la tasa de homicidios creció hasta los 9 puntos, la segunda más alta, solo por detrás de 2018, cuando hasta el tercer trimestre se contabilizaron 321 asesinatos y una tasa de 9,2 puntos.
Respecto al sistema penitenciario, un relevamiento de la cartera reveló un fuerte crecimiento durante las últimas dos décadas, con una cantidad de personas privadas de libertad que pasó de 6.757 en 2003 a 16.570 en 2025, mientras que la tasa de prisionalización prácticamente se duplicó en ese período y alcanzó los 480 reclusos cada 100.000 habitantes. El informe también expone dificultades vinculadas al acceso a la educación, las oportunidades laborales y las condiciones de rehabilitación en las cárceles uruguayas.
En el extremo opuesto, los derechos fundamentales constituyen la dimensión mejor evaluada, con 0,79 puntos y el puesto 15 mundial. Entre sus indicadores destacan el derecho a la vida y la seguridad, con 0,89 puntos; la libertad de asociación, con 0,85; y la libertad religiosa, con 0,83.
Los límites al poder gubernamental también presentan un desempeño favorable, con 0,76 puntos y la posición 17 mundial. Particularmente, el indicador referido a la transición del poder político alcanza 0,91 puntos, uno de los resultados más elevados del país.
En ausencia de corrupción, Uruguay registra 0,74 puntos, con diferencias entre los organismos evaluados: el Poder Judicial alcanza 0,89, la Policía y las Fuerzas Armadas 0,82, el Poder Ejecutivo 0,69 y el Poder Legislativo 0,56. Por su parte, la justicia civil obtiene 0,72 puntos y se mantiene en el primer lugar regional, aunque es la única dimensión que presenta un retroceso acumulado entre 2021 y 2026, con una caída del 1,9%.
De esta manera, el informe muestra que el liderazgo uruguayo en el Estado de derecho se sostiene principalmente en la calidad de sus instituciones, el respeto de los derechos fundamentales y los mecanismos de control del poder, mientras que la seguridad pública, el funcionamiento del sistema penitenciario y la eficacia de la justicia penal siguen poniendo en evidencia la falta de políticas públicas para mitigarlos.