El futuro del proyecto Arazatí es una de las incertidumbres más grandes de la transición entre el gobierno saliente de Luis Lacalle Pou y el entrante de Yamandú Orsi, principalmente debido a la falta de prioridad que para éste último tiene la iniciativa; pero los empresarios a cargo de la obra no tiran la toalla y buscan convencer al presidente electo de continuar con la construcción de la planta potabilizadora: la generación de empleo, la carta sobre la mesa.
Los empresarios juegan la carta del empleo para convencer a Yamandú Orsi de sostener el proyecto Arazatí
El consorcio a cargo de la iniciativa apunta a los 600 puestos de trabajo que se crearían con el inicio de la obra, en medio de la incertidumbre del contrato.
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Orsi no rechazó el proyecto Arazatí, más bien todo lo contrario: en las diferentes ocasiones en que el tema estuvo en el centro del debate —bastante en los últimos días—, fue claro en decir que su intención era revisar el contrato y toda la información disponible para avanzar en una obra que fuera realmente beneficiosa para los uruguayos, en términos de calidad del agua potable. Pero también fue claro en que la prioridad de su gobierno, tal y como está señalado en el programa del Frente Amplio (FA) es el embalse de Casupá.
La incertidumbre, sin embargo, está presente, no solo para el actual gobierno que, una vez pasada la sequía y la crisis del agua, hicieron del proyecto Arazatí una de las banderas para el último tramo de la gestión; sino también para los empresarios del consorcio Aguas de Montevideo —Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast—, encargado de la obra en el departamento de San José.
Una obra, 600 empleos
Según supo Ámbito, Orsi ya ha estado en contacto con los empresarios del consorcio que promueve el proyecto que, luego de que tuviera vía libre judicial al revocarse la cautelar del juez Alejandro Recarey, recibió la Autorización Ambiental Previa (AAP) por parte del Ministerio de Ambiente.
El contrato, en tanto, sigue pendiente y, con él la inversión de 240 millones de dólares, a pagar en 17 años. Si bien el gobierno saliente podría dejar la firma plasmada —el presidente electo ya fue claro en decir que su administración honrará los compromisos asumidos de antemano—, eso sería una confrontación directa con Orsi y la futura gestión frenteamplista, que ha sido pública en su reticencia al proyecto Arazatí.
Una de las alternativas que baraja el próximo gobierno es encarar de manera más modesta la construcción de la planta y la nueva toma de agua sobre el Río de la Plata; algo que, aunque es mejor una obra paralizada, a los empresarios no los termina de convencer.
En ese sentido, desde el sector privado apuntan a resaltar los aspectos positivos de una mayor inversión y una iniciativa de mayor porte: la generación de empleo. Los puestos de trabajo estimados que se crearán con la puesta en marcha del proyecto Arazatí son 600 en promedio, por dos años y medio en los que se extenderá la obra.
“Es importante que el nuevo gobierno arranque con obras y nuevos empleos”, remarcan desde el consorcio empresarial.
Las idas y vueltas de Lacalle Pou y Orsi
El miércoles, Lacalle Pou aseguró que no pondrá “el freno de mano” en el proyecto Arazatí, incluso pese a las diferencias que existen entre las administraciones que se encuentran en el período de transición. En ese sentido, insistió en que tratará de encontrar un “punto medio”.
“¿Si viene una sequía, a quién le van a echar la culpa, al que viene o al que no hizo las cosas?”, cuestionó durante la inauguración de un puente sobre el arroyo Solís Grande en Montes.
Asimismo, explicó la importancia que tiene la construcción de la planta potabilizadora y de una nueva toma de agua para el país: "Nuestra decisión, en base a estudios técnicos, y en base a algo que no es difícil de saber, que es que la represa de Casupá tiene la misma fuente que la que toma Aguas Corrientes. Nosotros dijimos de buscar una fuente alternativa, que no era no hacer Casupá en el futuro. Ese proyecto (Arazatí) lo empezamos, llevó todo un desarrollo técnico, una licitación, se otorgó la licitación, hace dos días el estudio de impacto ambiental".
Más tarde ese mismo día, Orsi sostuvo que “corregir o cambiar los términos no es necesariamente ir para atrás”, y que su equipo pedirá más información en las próximas reuniones de trabajo, en tanto recibieron “informes técnicos que son contrarios a la decisión tomada por el Ministerio de Ambiente”.
“El presidente ya sabe cuál es mi posición, hay cosas que me gustaría resolverlas mejor. Él se comprometió a hablar cuando estuviera por tomar la decisión. No sé cuál va a ser el resultado, capaz hay acuerdo o desacuerdo, pero no va a ser sin la información”, expresó en rueda de prensa, señalando la importancia de que no se comprometa “el tema del agua potable”.
En ese sentido, insistió en que “no nos podemos demorar eternamente, porque estas cosas fueron planteadas en los años 70”, pero que “tampoco puede pasar que, como estamos apurados, hacemos cualquier cosa aunque salga mal”. “Hay mucho dinero en juego y mucha expectativa de la gente”, apuntó el presidente electo.
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