OSE lanzó la licitación internacional por u$s 130 millones para avanzar en la construcción de la represa de Casupá

Se abrió el llamado para construir la reserva de agua más grande del país, clave para el área metropolitana tras los últimos dos históricos déficits hídricos.

El pliego se aprobó por mayoría en el directorio con el rechazo del Partido Colorado; cuatro consorcios internacionales (dos de origen chino) competirán por la adjudicación a fines de este año.

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) lanzó este lunes la licitación pública internacional para construir la represa de Casupá, en el límite entre los departamentos de Florida y Lavalleja, con una inversión estimada de 130 millones de dólares.

La adjudicación está prevista para fines de 2026, el inicio de la construcción para principios de 2027, y la finalización estimada para mediados de 2029. La megaobra, que el gobierno del Frente Amplio (FA) impulsa como prioridad estratégica para la seguridad hídrica del área metropolitana, será la infraestructura de este tipo más ambiciosa en décadas y llegará tras dos episodios de déficit hídrico severo, la crisis de 2023 y el reciente déficit entre fines de 2025 y mayo de este año, que llevaron las reservas de Paso Severino a niveles críticos.

El directorio de OSE aprobó el texto del pliego de licitación por mayoría: a favor votaron el presidente Pablo Ferreri y el vicepresidente Guillermo Caraballo; en contra lo hizo el director José Amy, en representación del Partido Colorado (PC). La obra será financiada con un préstamo de la CAF de 130 millones de dólares, de los cuales 110 millones de dólares se destinarán a la construcción y 20 millones de dólares a las expropiaciones. El banco de desarrollo también aportará una cooperación técnica no reembolsable de 160.000 dólares para el proceso licitatorio y la evaluación ambiental.

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, fue enfático al enmarcar la obra: "No hay que entrar en falsa dicotomía entre una nueva planta y una represa. Se necesitan las dos obras". En paralelo, el gobierno avanza en la reconfiguración del proyecto Arazatí para construir una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes con capacidad para producir 200.000 metros cúbicos diarios adicionales.

Cuatro consorcios, dos de origen chino, competirán por la obra

De los ocho consorcios que se presentaron en diciembre a la etapa de precalificación técnica, cuatro superaron el corte y son los habilitados para competir en la licitación. Son el consorcio CCCC-YREC-Impacto, integrado por CCCC Water Resources and Hydropower Construction Co., Yellow River Engineering Consulting Co. e Impacto Construcciones; el Consorcio Casupá, compuesto por Sinohydro10 y Grinor; Rovella CVC; y el Consorcio Constructor de Presas Uruguay, integrado por Traxpalco, Berkes y Toniolo Busnello. Dos de los cuatro consorcios tienen participación de empresas chinas especializadas en obras hidráulicas, lo que refleja la escala técnica requerida: en Uruguay no se han construido represas con hormigón compactado a rodillo, que es la metodología prevista, lo que hace que la experiencia internacional sea un factor clave.

La represa abarcará una cuenca de 685 km², tendrá 750 metros de longitud y una altura máxima de 30 metros, contará con un puente sobre la presa con calzada de doble sentido, y su embalse cubrirá 2.127 hectáreas. Con una capacidad de 118 millones de metros cúbicos, prácticamente duplica la de Paso Severino, 67 millones de m³, la reserva actual más grande, y garantizará el abastecimiento de 1.600.000 habitantes del área metropolitana. OSE tiene como objetivo asegurar reservas de agua bruta "para un período mínimo de 60 días en cualquier circunstancia y época del año, aún en el supuesto de disfunción grave de alguna de las fuentes".

Para viabilizar la obra, se expropiarán 3.418 hectáreas correspondientes a 102 padrones. El proceso ya comenzó con la expropiación de 380 hectáreas por unos 3,5 millones de dólares. Ferreri indicó que OSE trabaja "con mucho diálogo en el territorio" en un proceso que involucra a 37 propietarios y que se gestiona caso por caso con valoraciones individuales de cada predio.

La obra avanza sin estudios ambientales concluidos

El lanzamiento de la licitación se produce en medio de una controversia política y técnica, ya que el Ministerio de Ambiente (MA) aún no concluyó los estudios de impacto ambiental del proyecto. El ministro del MA, Edgardo Ortuño, descartó frenar el proceso ante los cuestionamientos de la oposición y fue categórico: "No solo no vamos a detener el proyecto, sino que vamos a avanzar". También argumentó que licitar no implica construir y trazó un paralelo con el proyecto Neptuno-Arazatí del gobierno anterior, que también se licitó antes de contar con la autorización ambiental. "Lo que sí debe quedar claro es que no va a haber construcción de la obra sin autorización ambiental", subrayó el ministro.

La oposición había solicitado la suspensión preventiva de los procesos de licitación y de las actuaciones vinculadas al proyecto, al considerar que aún no se cuenta con los estudios de impacto ambiental necesarios. Ortuño rechazó ese planteo y sostuvo que "no solo no hay contradicción en avanzar con el llamado a licitación en la protección del ambiente, sino que es absolutamente compatible" y además citó el artículo 47 de la Constitución, que establece que el Estado debe garantizar el acceso al agua potable como prioridad.

Vecinos de Bolívar: "30 minutos para ser evacuados"

Vecinos de Pueblo Bolívar, una pequeña localidad de Canelones con menos de 200 habitantes ubicada aguas abajo del emplazamiento previsto, concurrieron a la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados para exponer su preocupación por los tiempos de evacuación que maneja el estudio técnico del consorcio Typsa-Engecorps en caso de un siniestro en la represa. El ingeniero Enrique Valdez, vecino de Bolívar y vocero del grupo, fue directo ante los legisladores: "El pueblo tendría 30 minutos para ser evacuado. No lo decimos nosotros, sino el estudio de este consorcio".

Valdez señaló que Fray Marcos, una localidad floridense, vería el 30% de su territorio afectado en caso de un siniestro que implique una rápida inundación, y reclamó que las autoridades del MA y de OSE no hayan concurrido al pueblo para brindar explicaciones. OSE respondió que se implementará un plan de acción de emergencia que incluirá sistemas de alerta temprana. Productores de la zona también le entregaron una carta al presidente de la República, Yamandú Orsi, cuestionando la viabilidad del proyecto y proponiendo alternativas hídricas, entre ellas un trasvase desde Rincón del Bonete, la conexión desde Laguna Negra y mejoras en la red de distribución de OSE, que según estiman presenta pérdidas de hasta dos tercios del agua potable.