Uruguay perdió el liderazgo regional en materia de gobierno digital y descendió del puesto 25 al 49 en el ranking mundial elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); el retroceso estuvo marcado por una caída en la evaluación de los servicios públicos en línea, pese a que la infraestructura de telecomunicaciones continúa siendo una fortaleza relativa del país.
El informe, que analiza el desempeño de los 193 Estados miembros del organismo, ubicó a Argentina (25°), Chile (30°) y Brasil (39°) por delante de Uruguay, que hasta la edición anterior había encabezado durante seis evaluaciones consecutivas la clasificación de América Latina y el Caribe.
El Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico (EGDI, por sus siglas en inglés) contempla tres dimensiones con igual ponderación: la disponibilidad de servicios públicos digitales, la infraestructura de telecomunicaciones y el capital humano, entendido como el nivel educativo y la preparación de la población para utilizar herramientas digitales.
Los servicios públicos digitales, el punto más débil de Uruguay
El mayor retroceso se registró en el indicador que evalúa los servicios ofrecidos por internet por la administración pública, cuya puntuación pasó de 0,8832 en 2024 a 0,7826 en 2026, lo que representó una caída del 11,4%. En tanto, el indicador de infraestructura de telecomunicaciones descendió de 0,9437 a 0,9131 puntos, una reducción del 3,2%, mientras que el correspondiente al capital humano pasó de 0,8749 a 0,8525, con una contracción del 2,6%.
La evolución de estos componentes evidencia una brecha entre las capacidades tecnológicas del país y el desempeño de su oferta de servicios públicos digitales, aunque las modificaciones metodológicas introducidas en esta edición limitan la comparación directa con los resultados anteriores. Pese al retroceso, Uruguay permanece dentro del grupo de países con muy alto desarrollo del gobierno electrónico, mientras que Naciones Unidas destacó su plataforma de firma digital por su contribución a la cooperación regional, la interoperabilidad y la modernización institucional.
La inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para el Estado
La edición 2026 incorporó nuevos criterios de evaluación vinculados a la automatización y la adopción de inteligencia artificial (IA) por parte de los gobiernos, así como un análisis más amplio de los servicios digitales relacionados con la educación, la salud, la vivienda, la justicia y la protección social.
Asimismo, el organismo incorporó una evaluación de la infraestructura pública digital que contempla aspectos como la identidad digital, los portales gubernamentales, los datos abiertos y las plataformas digitales seguras.
La ONU advirtió que estos cambios deben considerarse al interpretar la evolución de los indicadores y aclaró que el índice no constituye una medición completa del uso efectivo de los servicios públicos digitales, la experiencia de los ciudadanos, su satisfacción o su confianza en las herramientas disponibles.