Proyecto Arazatí: el gobierno redujo el presupuesto para la planta potabilizadora

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La licitación introdujo tres cambios para bajar el costo del proyecto histórico en Uruguay: menos producción, pólder más chico y menor calidad de las tuberías.

El gobierno de Luis Lacalle Pou prevé realizar la licitación del proyecto Neptuno en Uruguay, la iniciativa privada para construir la planta potabilizadora sobre el Río de la Plata en Arazatí, en los próximos días, pero con algunos cambios que bajarán su costo a 210 millones de dólares: menos capacidad de producción, reserva de agua dulce más chica y menor calidad de las tuberías.

Con algunos meses de retraso, el martes pasado finalmente fue anunciado el ambicioso proyecto que llevará a cabo el gobierno y que, según el presidente, será la inversión en infraestructura para agua potable más grande de la historia del país. Sin embargo, los costos de las obras, estimados inicialmente en 288,7 millones de dólares, serán de 210 millones de dólares debido a que el equipo económico consideró que el primero monto superaba la planificación financiera autorizada.

¿Cuáles son los cambios para ajustar el proyecto?

El proyecto Neptuno original sufrió tres grandes cambios para que el presupuesto pudiera reducirse al costo autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

El primero es la reducción de la capacidad de producción, la cual se preveía originalmente en 299.000 metros cúbicos por día. La versión aprobada, sin embargo, plantea una capacidad de 169.000 metros cúbicos diarios, si bien deja abierta la posibilidad de ampliar la producción en una segunda etapa, para llegar así a la cantidad inicial proyectada.

Desde el oficialismo sostienen que, incluso con esta reducción, el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana —actualmente abastecida a partir de la plata que Obras Sanitarias del Estado (OSE) tiene en Aguas Corrientes— para 2045, estimado en 840.000 metros cúbicos diarios, se cumplirá. El Frente Amplio, en cambio, considera que el proyecto solucionará menos de diez años de abastecimiento.

El segundo cambio consiste en la reducción de la capacidad de la reserva de agua dulce (pólder), que se utilizará los días en que la salinidad sea superior a la permitida. En este sentido, el pólder iba a tener una capacidad de almacenar agua para 41 días (9,3 hectómetros cúbicos), pero ahora tendrá para 25 días (4,0 hectómetros cúbicos). Este cambio supondrá que la inversión necesaria para su construcción baje de 23 millones a 11,3 millones de dólares.

Frente al registro de 86 días de salinidad por encima de los autorizado que captaron los técnicos de OSE en Arazatí, el gobierno de Lacalle Pou señaló que estos eventos no impedirán que se produzca la cantidad de agua potable necesaria para abastecer a la población, mientras que la oposición criticó que el pólder tan pequeño no soluciona el problema de la salinidad.

El último cambio fue la modificación de la tubería de aducción de 72 kilómetros de longitud, que pasó de ser de fundición dúctil en la iniciativa original a ser de poliéster reforzado con fibra de vidrio. También redujo su diámetro, pasando de 1.500 a 1.200 milímetros y eliminó una tubería de captación de agua bruta del Río de la Plata y los equipos de bombeo correspondiente, pasando de 3 a 2 tuberías.

El presidente de OSE, Raúl Montero, defendió los cambios diciendo que no se altera la robustez del proyecto, pero desde la oposición señalaron que las tuberías elegidas no están recomendadas para bombeo de agua potable y tienen menor vida útil.

¿Cómo será la licitación del proyecto?

La licitación pública será realizada en los próximos días. En ella, el consorcio empresario Aguas de Montevideo —conformado por Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast, las compañías que presentaron la iniciativa privada— tendrá preferencia de entre un 5% y un 20%.

Para la ejecución del proyecto de la nueva planta potabilizadora en Arazatí, la inversión será realizada por los privados, que se encargarán del diseño, la construcción, el financiamiento y el mantenimiento de la infraestructura. El gobierno, por su parte, estará a cargo de la operación y pagará durante 28 años una cuota fija de 39,8 millones de dólares anuales.

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