El patrimonio neto de la autoridad monetaria se ubicó en 2.607 millones de UI, prácticamente la mitad del umbral mínimo exigido.
Desde el MEF aseguran que la capacidad del Banco Central para cumplir sus metas de inflación y estabilidad no se encuentra comprometida.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que evaluará durante 2026 si es necesario definir un plan de capitalización del Banco Central del Uruguay (BCU), cuyo patrimonio neto al 31 de diciembre de 2025 se ubicó en 2.607 millones de Unidades Indexadas (UI), por debajo del mínimo legal establecido en su carta orgánica.
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La respuesta del oficialismo fue inmediata y tajante: el subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, descartó que el tema tenga consecuencias reales y lo calificó de "absolutamente menor". Desde la oposición, el senador colorado, Tabaré Viera, no lo ve así.
La carta orgánica del BCU fija su patrimonio mínimo en 5.000 millones de UI. El deterioro patrimonial del banco tiene una explicación técnica precisa: el BCU tiene la mayor parte de sus activos en dólares y otras divisas extranjeras, mientras que sus pasivos están expresados principalmente en pesos uruguayos. Cuando el dólar sube, el BCU gana en sus activos en moneda dura. Cuando el dólar baja, como ocurrió en 2025, cuando Uruguay acompañó la caída global del billete verde, el valor en pesos de esos activos se reduce, deteriorando el patrimonio.
El MEF fue explícito en su comunicado: el descalce de monedas es estructural y no es una novedad. "Este hecho se explica esencialmente por la depreciación del dólar ocurrida en 2025 y se ha registrado en varias oportunidades en los últimos 15 años. La más reciente, en 2022", señaló la cartera. La conclusión oficial es que estos movimientos patrimoniales "no afectan ni comprometen la capacidad de la institución para cumplir con sus cometidos esenciales: velar por la estabilidad de precios y la estabilidad del sistema financiero".
Vallcorba, salió a desactivar el ruido político con un argumento que tiene antecedente propio. Recordó que durante el gobierno de Luis Lacalle Pou se produjo una situación similar y que una mala comunicación generó "cierta confusión y ruido innecesario". En aquella ocasión, marzo de 2023, el propio Vallcorba, entonces en la oposición, publicó en redes sociales que la capitalización del BCU no implicaba "ningún problema económico relacionado con el sistema financiero" ni debilitaba "ninguna de las funciones del BCU". "Tener patrimonio positivo es relevante desde el punto de vista del diseño institucional, pero nada tiene que ver con la estabilidad y la confianza del sistema financiero. Tener una buena comunicación, sí", escribió entonces.
Hoy, desde el otro lado del mostrador, Vallcorba mantiene exactamente la misma posición. Aclaró además que la decisión de capitalizar no está tomada: se analizarán las distintas variables "para determinar a fin de año si es una necesidad o no". Y agregó un dato de contexto relevante: desde que se hizo el anuncio, el tipo de cambio se movió en sentido contrario, lo que redujo la brecha respecto al mínimo legal.
"La mayor parte de esa referencia ya se revirtió", señaló Vallcorba. El dólar que subió en marzo, acumulando casi un 6% en el mes, mejoró la posición patrimonial del BCU en términos de pesos, dado el descalce estructural del balance.
Viera, tiene una lectura más crítica y sostiene que el comunicado del MEF "vuelve a poner sobre la mesa un problema estructural: la fragilidad financiera de la autoridad monetaria y el costo oculto de la política cambiaria".
Su diagnóstico apunta al mecanismo que genera el problema: el BCU interviene en el mercado cambiario, acumula reservas en dólares y emite instrumentos en pesos a tasas elevadas. Cuando el dólar sube, el banco gana en sus activos, pero cuando baja, el deterioro patrimonial es la consecuencia directa de esa estrategia. "El resultado final suele ser un deterioro patrimonial", señaló Viera.
El dirigente colorado identificó tres problemas en la situación: falta de previsión, porque el gobierno parece reaccionar ante los efectos del dólar en lugar de anticiparlos; uso de recursos públicos que podrían destinarse a prioridades sociales o productivas; e inconsistencia en la política económica, porque se intenta controlar la inflación con tasas altas mientras se acumulan desequilibrios en el balance del Banco Central.
También criticó la falta de información concreta: el MEF y el BCU "no dieron detalles sobre el monto ni cómo se hará la capitalización", lo que según Viera limita la posibilidad de evaluar el alcance real de la medida.
Detrás de este intercambio hay una discusión más profunda sobre el diseño institucional del BCU y los costos de la política monetaria en un país dolarizado como Uruguay. El banco central de un país donde la mayoría de los depósitos y créditos están en dólares inevitablemente acumula activos en moneda extranjera. El descalce es una consecuencia casi mecánica de ese esquema, no un error de gestión en sí mismo.
Lo que sí es cierto es que la capitalización, si finalmente se concreta, implica una transferencia de recursos del Tesoro al BCU, con el objetivo de llevar el patrimonio de la institución por encima del mínimo legal. Ese costo tiene un impacto fiscal que, aunque técnicamente "menor" en los términos de Vallcorba, no es cero.
Por ahora el gobierno mantiene la posición de esperar a fin de año para decidir. El dólar que sube en abril juega a favor de que la capitalización no sea necesaria. Si el billete verde mantiene la tendencia alcista que mostró en marzo, el problema podría resolverse solo, sin que el Tesoro tenga que poner un peso.
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