El gobierno de Uruguay rechazó este viernes la propuesta de 12 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) para activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) con el objetivo de combatir el crimen organizado; el representante uruguayo ante el organismo, Edison Lanza, advirtió que este mecanismo no fue diseñado para enfrentar amenazas de seguridad interna y cuestionó la posibilidad de habilitar intervenciones en asuntos internos de otros Estados.
Uruguay rechazó activar el TIAR contra el crimen organizado y advirtió sobre los riesgos de intervenir en asuntos internos
El embajador Edison Lanza cuestionó la propuesta de 12 países y sostuvo que el tratado fue diseñado para enfrentar amenazas militares externas, no problemas de seguridad interna.
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Edison Lanza, representante de Uruguay en la OEA.
Durante su intervención ante el Consejo Permanente de la OEA, el diplomático sostuvo que Uruguay reconoce la gravedad del avance del narcotráfico y las organizaciones criminales en la región, pero consideró que existen otros instrumentos de cooperación internacional para enfrentar estas amenazas sin recurrir a un tratado de defensa colectiva.
La posición uruguaya se produjo en el marco de una sesión extraordinaria convocada ante una presunta situación de peligro para la paz hemisférica atribuida al crimen organizado vinculado al tráfico de drogas y el terrorismo. En ese contexto, Lanza defendió la necesidad de fortalecer la cooperación regional, pero insistió en que la delincuencia organizada no puede equipararse jurídicamente con el terrorismo.
Uruguay cuestionó el uso del TIAR para combatir el narcotráfico
"No entendemos necesario, ni entendemos que corresponda, abordar el fenómeno de la delincuencia organizada transnacional a través de un mecanismo como el TIAR, que fue creado para enfrentar otro tipo de amenazas", afirmó Lanza.
El representante uruguayo explicó que el tratado está vinculado fundamentalmente con la defensa colectiva frente a amenazas militares externas y que su aplicación constituye una excepción a la prohibición del uso de la fuerza dentro del sistema interamericano. "Su aplicación debe estar sujeta a interpretaciones sumamente acotadas y para nada ambiguas", advirtió.
En esa línea, sostuvo que el avance del crimen organizado no justifica habilitar mecanismos de intervención colectiva en los asuntos internos de los países, debido a que la delincuencia organizada y el terrorismo están sujetos a regímenes jurídicos diferentes.
"Uruguay entiende y no minimiza los impactos y afectaciones que el crimen organizado genera en las comunidades y territorios de las Américas, así como su impacto negativo en el desarrollo económico. Pero ello no permite asimilar delincuencia con terrorismo, ni activar mecanismos colectivos para intervenir en asuntos internos de uno u otro país", señaló. Además, remarcó que ambos fenómenos deben abordarse respetando las garantías de los derechos humanos y la plena vigencia del Estado de Derecho.
El gobierno apuesta a fortalecer la cooperación regional
Frente a la propuesta de activar el TIAR, Uruguay planteó profundizar los mecanismos de cooperación internacional mediante el intercambio de información de inteligencia, la coordinación judicial y el control transfronterizo del tráfico de armas. Lanza respaldó también la iniciativa del gobierno de Panamá de convocar una Conferencia Hemisférica sobre Crimen Organizado, con la participación de ministros del Interior y de Relaciones Exteriores de los países del continente.
El diplomático destacó las iniciativas de cooperación desarrolladas en el ámbito del Mercosur y del Compromiso de Seguridad de Santiago, al considerar que representan herramientas para enfrentar las actividades de las organizaciones criminales. Finalmente, vinculó la posición internacional del gobierno con el Plan Nacional de Seguridad Pública, que busca consolidar políticas de Estado para combatir el crimen organizado más allá de los períodos de gobierno.
En particular, destacó la necesidad de avanzar hacia un sistema coordinado para perseguir el financiamiento de las economías ilícitas y el lavado de dinero, como parte de una estrategia regional que permita enfrentar el delito transnacional sin recurrir a mecanismos de defensa militar colectiva.

