Dirigentes piden reducir la brecha de precios con Brasil para proteger la actividad económica en la zona de frontera.
Rivera reclama medidas para mejorar la competitividad tras las subas del gasoil.
La decisión del gobierno de subir el precio del gasoil reavivó las críticas de la oposición y sumó un nuevo reclamo desde el departamento de Rivera, donde dirigentes políticos solicitaron medidas para reducir la brecha de precios con Brasil y evitar una mayor pérdida de actividad económica.
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El ajuste del precio del gasoil volvió a instalar en el centro del debate el impacto que tiene el costo de los combustibles sobre la competitividad y, en particular, sobre las actividades productivas y comerciales que dependen del transporte. A las críticas formuladas por referentes de la oposición tras la decisión del Poder Ejecutivo se agregaron en las últimas horas nuevos planteos desde la frontera, donde representantes de todos los partidos coincidieron en la necesidad de adoptar medidas que permitan disminuir la diferencia de precios con Brasil.
Uno de los cuestionamientos provino del diputado del Partido Nacional (PN), Diego Echeverría, quien señaló que el incremento del gasoil tiene efectos que trascienden al sector energético, ya que repercute sobre toda la cadena logística y productiva. Según expresó, el aumento implica mayores costos para transportistas, productores agropecuarios, industrias y empresas de servicios, que muchas veces no tienen margen para trasladar esos incrementos a los precios finales debido a contratos ya pactados o a las condiciones del mercado.
Las observaciones de la oposición se producen luego de que el gobierno resolviera ajustar el valor del combustible. Desde distintos sectores se sostiene que el precio del gasoil es un componente estratégico para la economía, debido a su incidencia en el transporte de mercaderías, la producción agropecuaria y la distribución de bienes.
En Rivera, uno de los departamentos más expuestos a la competencia con Brasil, la Junta Departamental aprobó por unanimidad una solicitud dirigida al presidente Yamandú Orsi, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y a Ancap para que analicen alternativas destinadas a mejorar la competitividad de los combustibles en las zonas fronterizas.
El planteo tiene una particular relevancia porque contó con el respaldo conjunto de representantes del Frente Amplio (FA), el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC), una coincidencia poco habitual que refleja la preocupación compartida por el impacto que la diferencia de precios genera sobre la actividad económica regional. Según indicó Surtidores, los ediles advirtieron que, incluso en los escenarios más favorables, la brecha con Brasil supera los 10 pesos por litro, lo que incentiva a consumidores y transportistas a abastecerse del otro lado de la frontera.
Además, sostuvieron que esta situación afecta a las estaciones de servicio, pero también repercute sobre el comercio local, el empleo y el movimiento económico de las ciudades fronterizas, que ven cómo parte del consumo se traslada hacia el país vecino.
Una de las propuestas es revisar el Imesi aplicado a los combustibles en los departamentos limítrofes con Brasil. Los impulsores de la iniciativa consideran que una reducción de la carga impositiva permitiría disminuir la diferencia de precios, recuperar parte del consumo perdido y generar un efecto positivo sobre la actividad comercial.