Desde el 7 de mayo, 88.327 personas en situación de calle fueron llevadas a refugios gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social y 16.426 a centros de evacuación.
A un mes del comienzo de la alerta roja por frío extremo que decretó el gobierno, se reportaron más de 100.000 plazas ocupadas en todo el país, contando los centros de evacuación y los refugios gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
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La herramienta de evacuación obligatoria para las personas en situación de calle ante el descenso de las temperaturas comenzó a regir el 7 de mayo, en una continuidad de la medida que había sido implementada el año pasado.
El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), reportó 104.753 plazas ocupadas a nivel nacional, de las cuales 88.327 fueron a refugios del Mides y 16.426 a diferentes centros de evacuación.
En cuanto a los últimos datos, 3.412 se encontraban alojadas actualmente, 2.941 en la órbita del Ministerio, mientras 471 en los centros restantes. A su vez, el departamento que concentró la mayor cantidad fue Montevideo, con 2.386 personas.
Al explicar el alcance de la medida, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, anticipó que se iba a proceder a “la evacuación obligatoria de las personas en situación de calle”, destacando la articulación de la Policía Nacional con el Mides.
“Las personas que están viviendo a la intemperie, debido a que corre riesgo su salud y que tienen además un componente importante de vulnerabilidad social, las vamos a ir trasladando”, argumentó Sánchez sobre la iniciativa, vinculada a mitigar los impactos de la pobreza.
Incluso, el gobierno presentó hace dos meses una batería de 42 medidas para generar un cambio de modelo en la atención de personas en situación de calle, cuando el ministro Gonzalo Civila destacó que existe hoy una expansión de la capacidad de respuesta.
“Para nosotros, vivir en calle no es una opción. Es un problema grande y de carácter nacional, no de acá de Montevideo”, sostuvo el presidente Yamandú Orsi en aquella oportunidad, al señalar que la problemática “se triplicó en una década”.