La donación realizada por el empresario estadounidense Gilbert Butler de tres islas ubicadas frente a Nuevo Berlín, en el río Uruguay, reavivó el debate sobre la posesión privada de islas y las reglas que rigen su compra y aprovechamiento, ya que si bien es un mercado habilitado para las transacciones entre particulares está fuertemente condicionado por normas ambientales y usos del suelo orientados a la conservación.
Las islas Chala, Ingá y Pingüino, donadas por Butler, integran los Esteros de Farrapos, una zona incluida en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), lo que implica un régimen especial de control ambiental y restricciones de uso. Cómo llegó el empresario a adquirir estas islas y si existe algún tipo de control público sobre su uso fueron algunas de las inquietudes que surgieron a poco de conocerse la noticia.
El operador inmobiliario Carlos Ferreira Rodríguez, de Ferreira Propiedades, quien participó en la venta original de esas islas, explicó ante la consulta de Telenoche que en cualquier persona física o jurídica puede comprar una isla, sin distinción de nacionalidad, ya que no existe una prohibición legal en ese sentido. Sin embargo, el punto central no es quién compra, sino qué se puede hacer luego con el predio.
Ferreira explicó que las islas del litoral del río Uruguay pertenecen a propietarios privados y se venden como una unidad indivisible, sin posibilidad de fraccionamiento. En términos de precios, el valor de referencia ronda los 1.000 dólares por hectárea, una cifra considerablemente menor a la de un campo productivo, que puede oscilar entre 6.000 y 10.000 dólares por hectárea. Esta diferencia se explica por la falta de uso productivo y por las restricciones ambientales vigentes.
Para uso de turismo sustentable y conservación
Muchas de estas islas se encuentran dentro del Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, en el departamento de Río Negro, y se inundan periódicamente debido a las crecidas del río. Por ese motivo, están sujetas a controles estrictos del Ministerio de Ambiente, que define los usos habilitados. En general, los proyectos deben estar vinculados a la conservación y al turismo sustentable.
El desarrollo de propuestas como paradores, pequeños restaurantes o iniciativas de ecoturismo es posible, pero siempre con autorización expresa de la autoridad ambiental. La instalación de servicios como energía eléctrica o agua potable también requiere permisos especiales y, en la práctica, resulta poco probable. No existe saneamiento en estas áreas.
Desde el punto de vista legal y tributario, la compra de una isla sigue el mismo proceso que cualquier inmueble, con el pago de contribución inmobiliaria, impuesto de primaria y aportes al BPS. En el caso de las islas donadas, Ferreira confirmó que fueron adquiridas en 2022 por una fundación dedicada a la preservación de la fauna y la flora, con un claro enfoque de conservación y ecoturismo, una orientación que marca el rumbo para quienes anhelan tener su propia isla.
El agente inmobiliario detalló que, en 2022, la empresa tenía ocho islas a la venta y se concretaron tres operaciones. Cinco continúan actualmente a la venta.
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