El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habilitó una nueva plataforma digital para que las empresas informen sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos a cambio de exoneraciones tributarias y a partir del 1º de diciembre, el trámite electrónico será obligatorio y sustituirá por completo la presentación tradicional en papel.
La medida, formalizada mediante la Circular número 3 de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), alcanza a las empresas que presentaron proyectos al amparo del Decreto 268/020 y que deben declarar periódicamente el grado de avance de las metas comprometidas. La nueva vía está disponible desde el lunes 19 de octubre a través de la Ventanilla Única de Inversiones. Durante noviembre convivirán ambos mecanismos de presentación, pero desde el 1º de diciembre el trámite deberá realizarse exclusivamente por medios electrónicos.
La declaración comprende la información prevista en el artículo 11 del Decreto 268/020 y permite documentar el grado de cumplimiento de los compromisos que las empresas asumen para acceder a los incentivos fiscales. Los proyectos promovidos pueden comprometerse a generar empleo, incrementar las exportaciones, impulsar la actividad económica fuera de Montevideo, incorporar tecnologías limpias o desarrollar actividades de investigación, desarrollo e innovación. El seguimiento permite verificar si esas metas se cumplen en los plazos establecidos.
Un sistema que concentra la información en una sola plataforma
La digitalización del trámite busca concentrar la presentación de información en un único sistema, lo que reduce traslados y documentación en papel para las empresas. Para la Administración, el nuevo procedimiento permite organizar los datos de manera más uniforme, controlar los vencimientos y detectar con mayor rapidez eventuales omisiones o incumplimientos.
Los incentivos a la inversión permiten que determinadas empresas accedan a exoneraciones fiscales con la expectativa de generar beneficios para el país, como nuevos puestos de trabajo, más exportaciones o el desarrollo de actividades estratégicas. Esos beneficios implican recursos que el Estado deja de recaudar, lo que explica el interés en verificar si las inversiones cumplen las condiciones que justificaron su promoción.
La información recabada a través del nuevo sistema también podría utilizarse para publicar datos agregados sobre las exoneraciones concedidas, los empleos generados, la distribución territorial de las inversiones y el nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos por cada proyecto, sin exponer información empresarial confidencial.