La propuesta busca dar estabilidad a los haberes de 25.000 pasivos y a los 65.000 profesionales aportantes del sistema.
El directorio planteó al Ejecutivo que entre un 3% y un 4% del IVA que gravan los servicios de salud se destine a la institución en lugar de ir al BPS.
El directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) presentó una nueva propuesta al Poder Ejecutivo para resolver el desfinanciamiento de la institución y es que entre un 3% y un 4% del 10% de IVA que grava a los servicios de salud se destine a la Caja en lugar de al Banco de Previsión Social (BPS).
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El presidente de la CJPPU, Andrés Pérez, presentó la idea en el programa Panorama informativo de la diaria Radio, tras una reunión que el directorio mantuvo este miércoles con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.
La propuesta llega después de que, el 31 de julio, el Poder Ejecutivo firmara un decreto que dejó sin efecto una resolución de la Caja que establecía el cobro de timbres profesionales en las actuaciones médicas. Según los cálculos de la propia CJPPU, la medida original hubiera representado un ingreso de unos 40 millones de dólares anuales para la institución. Díaz se comprometió a trasladar la nueva propuesta al presidente de la República, Yamandú Orsi, y a los ministerios competentes.
Pérez sostuvo que, si el Ejecutivo decide intervenir la Caja, la institución no se opondrá. "Si el Poder Ejecutivo quiere intervenirla, tiene todas las facultades para hacerlo, porque la Caja ya tuvo tres períodos de ejercicio que fueron negativos. Si quiere hacerlo, que lo haga", afirmó. En caso de que el gobierno resuelva directamente el cierre de la institución, dijo que habrá que evaluar "cuál es esa solución" y "cuánto sale".
Como argumento a favor del aporte estatal, Pérez comparó la situación con la del Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay (Casmu), donde se destinaron 120 millones de dólares "que aparecieron en dos días" para renovar la intervención por dos años, algo que sostuvo fue financiado por el conjunto de la sociedad, es decir, desde el "usuario del servicio de salud" y al "no usuario del servicio de salud".
Desde la CJPPU sostienen que el decreto que frenó el cobro del timbre, de 170 pesos por actuación médica, según había resuelto el directorio en junio, constituye "una exoneración en una forma encubierta" y lo consideran "violatorio de la ley", por lo que anunciaron que lo van a impugnar.
Pérez rechazó las críticas que señalan que la medida recaería sobre los sectores más vulnerables y recordó que los más de un millón de usuarios de ASSE, la mutualista más grande del país, están exonerados de todo timbre y gravamen, al igual que Sanidad Policial, Sanidad Militar, el BPS y las policlínicas municipales. A esa lista de exoneraciones se sumaban, según explicó, mujeres embarazadas, recién nacidos, personas con discapacidad, pacientes internados en Centro de Tratamiento Intensivo (CTI) o cuidados intermedios, mayores de 65 años, personas con enfermedades raras y pacientes con comorbilidades.
"El legislador dijo que, cuando se hace un acto profesional, tiene que estar gravado por un timbre de tal monto (...) y lo que nosotros estamos haciendo es aplicar la ley. Si esto se hubiera aplicado en 2004, cuando se creó, la Caja hoy tendría una situación de solvencia", planteó Pérez, quien calculó que la institución resignó "1.000 millones de dólares" entre 2004 y 2026 por no cobrar ese timbre.
Pérez indicó que en la reunión con Díaz también entregaron el documento final de la Comisión de Expertos convocada previamente, donde la Caja había planteado alternativas como aportes de los profesionales según su ingreso real, la incorporación de nuevas profesiones al sistema de aportes, o mecanismos más flexibles para subir y bajar de categoría. Según reconoció, "la mayor parte" de esas propuestas "no fueron de recibo" por parte del gobierno.
"La Caja dijo en casi todas las sesiones que, si no encontrábamos caminos y soluciones para pagarles a esos 25.000 pasivos y que los 65.000 trabajadores profesionales puedan seguir aportando con la tranquilidad de tener su pasividad en el futuro, nosotros íbamos a aplicar esta medida", sostuvo Pérez, quien remarcó: "No se puede decir que no se sabía".