La Caja de Profesionales propone subir timbres, pero el gobierno lo rechaza por ser un "aporte de la sociedad"

El Ejecutivo sostiene que implicaría trasladar un mayor costo a la ciudadanía y propone, en cambio, reforzar la asistencia desde rentas generales.

El Poder Ejecutivo frena una de las claves de la Caja de Profesionales

El gobierno volvió a marcar distancia con uno de los principales planteos de la Caja de Profesionales Universitarios al rechazar el aumento del precio de los timbres por entender que implicaría trasladar mayores costos a la ciudadanía en un momento donde, según su visión, no resulta necesario incrementar el aporte social para sostener la viabilidad del sistema previsional.

El trabajo de la comisión de expertos, creada por ley para reestructurar la Caja, llegó a su fin con diferencias claras entre el directorio del organismo y los delegados del Poder Ejecutivo. Mientras la institución considera clave subir el valor de los timbres y ampliar su alcance para recomponer ingresos, los representantes de Economía, Trabajo y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto dejaron constancia de su rechazo a ambas iniciativas.

Actualmente, el 30% de los ingresos de la Caja provienen de los llamados recursos indirectos establecidos en el artículo 71 de la ley 17.738. Dentro de estos, los timbres profesionales tienen un peso determinante ya que siete de cada diez pesos corresponden a gravámenes de monto fijo aplicados sobre escritos, recetas, análisis clínicos y otros actos profesionales.

Desde el Ejecutivo se cuestiona el mecanismo y en las actas de la comisión señalaron que “el incremento de la recaudación asociada a este tipo de gravámenes no resulta deseable”, al tiempo que advirtieron que “supone una forma de aumentar el aporte de la sociedad a la mejora de la situación financiera de la Caja”.

Distorsivo y con caracter regresivo

Uno de los principales argumentos es el carácter regresivo de estos tributos. “Esto lleva a que, para dos sujetos obligados, los timbres que representan una suma fija tengan un mayor peso relativo en el ingreso de los hogares de menores ingresos”, indicaron, aunque reconocieron que existen exoneraciones que mitigan parcialmente ese efecto en usuarios del sistema público de salud.

A su vez, el gobierno entiende que los timbres generan distorsiones en los precios relativos y afectan la eficiencia económica al gravar servicios específicos. También advierte sobre niveles elevados de evasión debido a la dispersión de los pagos y los múltiples sujetos obligados.

El impacto en el sector salud aparece como una de las principales preocupaciones. Según los delegados, estos gravámenes encarecen prestaciones con baja elasticidad de la demanda, trasladándose casi en su totalidad al usuario. “Esto supone un incremento en el costo de los medicamentos, que tiene un impacto especialmente negativo sobre los hogares que deben acceder a los mismos”, afirmaron.

En paralelo, también se señalan efectos en otras áreas como la construcción, donde existe un gravamen de hasta 4% sobre la mano de obra. “Este tipo de gravámenes puede tener impactos relevantes en un sector particularmente expuesto a la informalidad”, advirtieron.

Frente a este escenario, el Poder Ejecutivo plantea que si es necesario reforzar los ingresos de la Caja, hacerlo a través de rentas generales. “Desde el punto de vista técnico, resulta más conveniente realizarlo mediante un incremento de la asistencia financiera”, sostuvieron, destacando que este mecanismo sería más transparente y evitaría las distorsiones de los paratributos.

La Caja, por su parte, estima que el atraso acumulado entre la evolución del Índice Medio de Salarios y la inflación generó una brecha de más de 38.000 millones de pesos, lo que explica su insistencia en ajustar el valor de los timbres y ampliar su aplicación. Si bien la reforma aprobada recientemente asegura sostenibilidad en el corto y mediano plazo, algunos escenarios más pesimistas proyectan dificultades hacia 2075, lo que mantiene abierto el debate sobre cómo financiar el sistema sin afectar la equidad ni la eficiencia económica.