20 de noviembre 2026 - 10:32

Un holding entre UTE y Ancap, un límite a los dividendos y cambios en las tarifas, el plan de reforma del mercado eléctrico

El CEPP presentó siete propuestas legislativas que apuntan a reforzar la competitividad y seguir atrayendo inversiones.

ver más

La fusión de Ancap y UTE forma parte del plan de reforma del CEPP para el mercado eléctrico.

Un directorio compartido entre UTE y Ancap, un límite a los dividendos que ambas empresas transfieren a Rentas Generales y nuevas reglas para fijar las tarifas y abastecer a industrias que demandan grandes volúmenes de electricidad son algunas de las iniciativas que apuntan a la optimización del mercado eléctrico.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las propuestas forman parte del combo de siete proyectos legislativos que presentó el Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP), cuyo referente principal es el expresidente de Ancap, Alejandro Stipanicic.

De la transición renovable a la discusión por la competitividad

En un informe presentado por el CEPP, se abre una discusión sobre cómo aprovechar la transformación de la matriz eléctrica para atraer inversiones productivas. En 2025, el 98% de la electricidad generada en Uruguay provino de fuentes renovables, según el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). La hidroelectricidad representó el 46% de la generación, seguida por la eólica (34%), la biomasa (14%) y la solar (4%). Ese mismo año, el país exportó el 8% de la electricidad que produjo.

Para el centro, el desafío aparece cuando una planta industrial necesita un suministro elevado y continuo durante todo el año. En las horas de mayor exigencia de un año medio, el centro estima que el parque generador podría absorber entre 10 y 100 megavatios (MW) adicionales. En un año seco, ese margen podría desaparecer. A eso se suma la capacidad de las líneas para transportar la electricidad hasta el lugar donde se instale la planta, una restricción que el informe identifica en algunas zonas conectadas a 150 kilovoltios.

La discusión también remite a la Ley 16.832, de 1997, que habilitó la generación por distintos agentes y estableció un mercado mayorista con libre acceso a las redes de transmisión. Casi tres décadas después, según el CEPP, UTE compra el 99,9% de la energía generada por privados. De unos 50 grandes consumidores habilitados para contratar directamente con generadores, el informe identifica solo cuatro contratos registrados. Esa distancia entre las posibilidades que ofrece la ley y el funcionamiento efectivo del mercado es uno de los argumentos del tu centro para revisar las reglas.

Tres directores compartidos y un límite a los dividendos

La propuesta de crear un holding energético estatal prevé que UTE y Ancap compartan tres directores designados con venia del Senado. El presidente de cada empresa sería vicepresidente de la otra, con mandatos renovables de hasta ocho años para ambos cargos y de seis años para el vocal compartido. Cada ente tendría además dos vocales en representación del sistema político.

Las empresas podrían coordinar o unificar servicios corporativos y tendrían que presentar un presupuesto conjunto de inversiones. A partir de 2034 se sumaría un presupuesto operativo unificado. En la agenda energética a 2050 que acompaña el informe —disponible en la web del CEPP—, se ubica la conducción compartida como el primer paso de una eventual fusión en etapas a lo largo de diez años, con un plan estratégico común y una integración posterior de áreas técnicas y operativas.

El otro cambio para las empresas públicas apunta a su papel en las cuentas del Estado. La propuesta es que los dividendos que estas empresas públicas vuelcan a Rentas Generales tengan como tope el 25% del promedio de las utilidades de los tres ejercicios anteriores. También plantea prohibir la captación de rentas de actividades que el informe identifica como monopólicas, entre ellas la transmisión y distribución eléctrica de UTE y la venta de combustibles de Ancap en el mercado interno. En la serie que analizó el centro, las transferencias de UTE a Rentas Generales promediaron unos 190 millones de dólares por ejercicio.

Los costos de la tarifa eléctrica

De acuerdo a esta visión, el Poder Ejecutivo seguiría fijando las tarifas de UTE, con ajustes semestrales y previo informe obligatorio de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), la Administración del Mercado Eléctrico (ADME) y la propia empresa. El pliego tarifario tendría que identificar, para cada segmento de usuarios, cuánto corresponde al abastecimiento de energía, al uso de las redes, al respaldo de potencia, a los costos comerciales y a los cargos específicos de ese segmento.

La ADME calcularía el componente de abastecimiento, común a todos los segmentos, a partir del costo efectivo de los 36 meses anteriores. Para el uso de las redes, el CEPP plantea que la Ursea aplique una metodología que contemple los gastos de operación y una remuneración razonable del capital invertido.

El informe cuestiona además que los peajes se calculen sobre el costo de reponer la red como si fuera nueva, cuando, según los estados contables que cita, el 64% de los activos de transmisión de UTE ya estaba amortizado al cierre de 2025.

El paquete también propone que UTE presente estados financieros y presupuestos separados para generación, transmisión y distribución, con los subsidios cruzados y las transferencias entre esas actividades identificados. La medida desarrolla una Tgh obligación de separación prevista en el artículo 15 de la ley de 1997. A su vez, la ADME recibiría los activos y el personal del Despacho Nacional de Cargas, que coordina la operación del sistema eléctrico. UTE cobraría el valor contable de los activos transferidos y los funcionarios conservarían sus condiciones laborales.

Dos regímenes para atraer inversiones industriales

Para los proyectos que se conecten en alta tensión, demanden hasta el 1% de la potencia instalada y opten por contratar con UTE, el CEPP propone una fórmula que explicite los costos de energía, transmisión y respaldo. El inversor financiaría la infraestructura adicional y la empresa podría adquirirla después de diez años por su valor contable residual. El régimen también prevé exonerar los cargos comerciales y de segmento a inversiones electrointensivas superiores a 500 millones de dólares que contraten con la empresa hasta el 20% de su consumo previsto.

Para los megaproyectos que opten por abastecerse por su cuenta o que UTE no pueda atender desde su red, el reporte propone que incorporen o contraten nueva generación para cubrir al menos el 80% de su consumo durante la vida del proyecto. También tendrían que acreditar un respaldo que podría llegar al 70% de la potencia requerida. Si la nueva demanda equivale al 3% o más de la demanda media del mercado mayorista, el inversor debería presentar un plan de abastecimiento a cinco años. Si además necesita reservar capacidad en la red, tendría que constituir garantías que podría perder si el proyecto no entra en operación en el plazo acordado.

Con nueva generación eólica y solar, respaldo de potencia y un peaje regulado, el CEPP estima un costo de entre 54 y 63 dólares por megavatio hora (MWh). Lo compara con los 116 dólares por MWh que calcula para un cliente industrial de 30 MW bajo la tarifa de UTE. El primer cálculo excluye pérdidas, cargos de mercado y el costo de cubrir las diferencias horarias entre lo que se genera y lo que consume la planta. La propuesta asigna al inversor la responsabilidad por la nueva generación, la conexión y el respaldo que requiera su proyecto, con el objetivo de evitar que esos costos se trasladen al resto de los usuarios.

Las más leídas

Últimas noticias

Te puede interesar