Residentes y productores reclaman estudios ambientales y técnicos actualizados antes de avanzar con una obra que consideran de alto impacto sobre la cuenca.
Vecinos y productores de Casupá rechazan expropiaciones por la represa.
Vecinos y productores del arroyo Casupá, en los departamentos de Florida y Lavalleja, manifestaron su rechazo a las expropiaciones impulsadas por el gobierno para avanzar con la construcción de la represa y reclamaron que se realicen estudios ambientales y técnicos concluyentes antes de adoptar decisiones que, aseguran, pueden generar impactos irreversibles sobre el territorio y las comunidades afectadas.
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El planteo surge luego de los recientes anuncios oficiales vinculados a notificaciones de expropiación y futuros llamados a licitación para ejecutar la obra, considerada estratégica para el abastecimiento de agua potable. Sin embargo, los vecinos sostienen que todavía existen dudas sobre la viabilidad ambiental, hídrica y estructural del proyecto.
Los productores y residentes de la zona reclaman, además, que se analicen alternativas de abastecimiento antes de avanzar con una represa que consideran de alto impacto. Aseguran que el debate debe darse a nivel nacional y con participación de todos los partidos políticos, organismos técnicos y niveles de gobierno debido a la importancia que el proyecto tiene para la seguridad hídrica, la producción y el ambiente.
Álvaro Rivadavia, uno de los voceros del grupo, expresó en entrevista con radio Monte Carlo que las expropiaciones no afectan únicamente emprendimientos productivos, sino también viviendas familiares. “Pedimos que estas acciones que están tomando sobre expropiaciones se detengan, como indica la ley, hasta que estén los informes de viabilidad ambiental que son fundamentales para poder seguir según dicta la norma”, afirmó.
Rivadavia remarcó que avanzar sobre las propiedades antes de contar con una resolución ambiental favorable genera incertidumbre y un perjuicio innecesario para las familias involucradas. “Están expropiando sus casas, el lugar donde viven. Si el informe ambiental sale negativo, todo fue en vano”, sostuvo.
El colectivo recordó que el proyecto está catalogado como Categoría C, clasificación que corresponde a emprendimientos capaces de generar impactos ambientales negativos significativos o irreversibles. En ese sentido, cuestionan que aún no exista una evaluación integral actualizada que contemple los cambios registrados en la zona durante los últimos años.
Entre esos cambios mencionan especialmente las consecuencias de la sequía de 2022 y 2023, así como el crecimiento de la forestación en la cuenca. Según indicaron, el área pasó de tener una presencia prácticamente nula de montes forestales a contar con unas 10.000 hectáreas, lo que —afirman— podría incidir directamente en la disponibilidad de agua y aumentar la vulnerabilidad del sistema frente a eventos extremos o episodios de contaminación.
También señalaron que, luego de 2020, el Observatorio Geofísico del Uruguay registró movimientos sísmicos en Florida y Lavalleja de hasta 4,9 y 3,9 en la escala Richter. De acuerdo con distintas consultas técnicas realizadas por el grupo, esos antecedentes deberían obligar a revisar el diseño constructivo previsto para una obra de estas características.
Los vecinos aseguran además que intentaron trasladar sus preocupaciones al gobierno nacional. “Le mandamos varias cartas a (Yamandú) Orsi. El presidente se comprometió a recibirnos hace más de un mes, todavía no tuvimos novedades”, señaló Rivadavia. Pese a ello, indicó que mantienen la expectativa de concretar una reunión. “Creemos que nos va a recibir, se lo planteamos de mil maneras, estamos a la espera”, concluyó.