Este dictamen fue emitido años atrás y provocó un punto de inflexión en relación a pensiones por parentesco. Checa de qué se trata
Checa la modificación de Ley 73.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido una resolución histórica que modifica la aplicación del régimen de jubilaciones en México. El máximo tribunal determinó que la Ley del Seguro Social de 1973 vulnera el derecho a la igualdad, al establecer porcentajes drásticamente diferentes en el cálculo económico según el parentesco del beneficiario sobreviviente.
Ante esta situación, el fallo señala que la norma es discriminatoria, pues otorga un 90% de la pensión al cónyuge, pero castiga económicamente a otros familiares directos. Con esta medida legal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está obligado a reconocer el 90% de la pensión para los padres que dependían económicamente del trabajador fallecido, igualando sus derechos financieros de forma definitiva.
Para erradicar esta brecha, la Corte ordenó que los padres del asegurado tengan derecho a recibir el mismo porcentaje siempre y cuando no existan viudas, concubinas o hijos reclamando el beneficio. Los magistrados precisaron que la pensión no constituye un beneficio gratuito o discrecional, sino un derecho derivado de las aportaciones que realiza diligentemente el empleado.
"La pensión se gesta con el esfuerzo del trabajador, por lo que no puede existir una distinción injustificada entre los beneficiarios", determinó contundentemente la SCJN en su dictamen.
Las implicaciones de esta histórica decisión judicial incluyen los siguientes puntos operativos:
Modificación directa en la interpretación y aplicación de la Ley del Seguro Social de 1973, un régimen en el que cotizan y confían millones de mexicanos.
Aumento del 20% al 90% en la tasa de pago para los padres dependientes, garantizando su subsistencia tras la dolorosa pérdida de su sustento principal.
Creación de un precedente obligatorio para el sistema judicial, lo que significa que a partir de ahora, los jueces y tribunales deberán aplicar el criterio en casos similares a nivel nacional.