Una noticia que genera optimismo entre miles de trabajadores en México: la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsó reformas orientadas a que los empleados formales del sector público puedan acceder a dos días de descanso semanal y un aguinaldo de 30 días de salario. Aunque aún se encuentra en proceso de discusión y aprobación, representa un avance significativo en materia laboral.
Por orden de Claudia Sheinbaum miles de trabajadores podrían tener descanso doble y 30 días de aguinaldo
La presidenta de México lleva adelante una reforma de la Ley Federal del Trabajo en el Congreso de la Unión y de resultar aprobada, otorgarán mayores beneficios a miles de empleados formales.
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Por orden de Claudia Sheinbaum miles de trabajadores podrían tener descanso doble y 30 días de aguinaldo.
La reforma contempla modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que buscan reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales y mejorar los derechos de los trabajadores formales. Sin embargo, los beneficios –como el descanso extra y los 30 días de aguinaldo– aún deberán concretarse mediante dictámenes que pasarán por el Congreso de la Unión.
En esta nota te explicamos qué incluye la propuesta, a quiénes aplicaría, qué condiciones se están planteando y cuáles son los pasos para que se vuelva una realidad.
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¿Qué incluye la propuesta de reforma laboral y quiénes podrían beneficiarse?
La iniciativa impulsada por Claudia Sheinbaum contempla que los trabajadores formales (aquellos que cuentan con nómina registrada, afiliación al IMSS, pago de cuotas y cumplimiento fiscal) puedan tener dos días de descanso por semana, en lugar de los tradicionales uno o ninguno, dependiendo del régimen laboral.
Además, se plantea un aguinaldo mínimo de 30 días de salario (o incluso más) para esos trabajadores formales, lo cual mejora considerablemente la prestación vigente, que actualmente fija como mínimo 15 días de salario anual según la LFT.
No obstante, la propuesta aclara que dichos beneficios solo serían aplicables a trabajadores del sector formal —es decir, aquellos con contrato, registro en el RFC (Registro Federal de Contribuyentes) y afiliación obligatoria al IMSS o ISSSTE— y no aplicarían automáticamente para la gran masa del sector informal o irregular.
Este planteamiento marca un enfoque de “mejorar primero los derechos en la formalidad”, con la meta de que posteriormente se evalúe una expansión para más sectores.

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