El máximo tribunal determinó que las lesiones médicas culposas pueden castigarse por la vía penal si se comprueba negligencia y falta al deber de cuidado.
Fallo sobre mala praxis.
El ejercicio de la medicina en México acaba de recibir una de las resoluciones judiciales más importantes de la década. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los errores médicos que provoquen lesiones permanentes sí pueden ser sancionados penalmente, siempre y cuando las autoridades logren acreditar que el daño fue producto directo del incumplimiento de un deber objetivo de cuidado por parte del profesional.
Este histórico debate llegó al máximo tribunal del país a raíz del amparo promovido por un médico neurocirujano que fue vinculado a proceso por el delito de lesiones culposas. El especialista fue llevado a los tribunales tras practicar dos intervenciones quirúrgicas a un paciente en las que manipuló tornillos transpediculares, procedimientos que lamentablemente ocasionaron una disminución permanente en la movilidad de una de las piernas del afectado.
Para desestimar los argumentos del médico, quien aseguraba que la ley vulneraba su libertad de trabajo, el Pleno de la Corte destacó que la medicina es, por regla general, una actividad de medios y no de resultados exactos. Esto significa que el personal de salud adquiere el compromiso de actuar de forma diligente, prudente y ajustada a las reglas de su profesión, pero no está obligado legalmente a asegurar la curación absoluta o un resultado final específico.
Bajo este principio, los ministros aclararon la delgada línea entre una tragedia y un crimen. Se precisó que la falta de curación, una complicación imprevista o un resultado desfavorable en el quirófano no bastan por sí solos para acreditar una conducta delictiva. Para que un doctor pise la cárcel, el Ministerio Público debe determinar cuál era su deber concreto, si estaba en condiciones físicas y técnicas de cumplirlo, y si fue precisamente su omisión la que produjo la lesión estipulada en el Código Penal Federal.
En este proceso de evaluación, la ciencia y la ley deberán trabajar de la mano. Los protocolos clínicos, las reglas técnicas y las Normas Oficiales Mexicanas servirán como guía para identificar estas obligaciones médicas, aunque la SCJN fue enfática al señalar que estos manuales no crean delitos por sí solos ni pueden ampliar las conductas que ya se encuentran sancionadas por la legislación federal.
Durante la sesión del 11 de noviembre, los magistrados echaron por tierra el argumento de que castigar la mala praxis criminaliza el ejercicio de la salud. La Corte concluyó que las normativas penales no impiden el ejercicio de la medicina ni sancionan los riesgos inherentes de la profesión, sino que actúan como un límite necesario para castigar exclusivamente las conductas culposas comprobables que destruyen la calidad de vida de los pacientes.
El fallo reiteró que los artículos 60 y 291 del Código Penal Federal no contravienen el principio de mínima intervención del Estado. Los ministros justificaron que la protección a la salud y a la integridad corporal frente a lesiones permanentes amerita la imposición de castigos penales, advirtiendo que la existencia de demandas por la vía civil, administrativa o laboral no excluye en absoluto la responsabilidad criminal del cirujano.
A pesar de haber validado la constitucionalidad de la ley, esta resolución de la SCJN no significa que el médico neurocirujano que originó el debate vaya a ir directamente a prisión. El máximo tribunal no determinó su culpabilidad, por lo que devolvió el expediente a un tribunal colegiado para que analice si existen las pruebas suficientes para justificar su vinculación a proceso, dejando en manos de las instancias menores el desenlace de este mediático caso.