La Suprema Corte cambia las reglas del IMSS y avala hasta cinco años de prisión contra el personal médico

La determinación del máximo tribunal surge a raíz del caso legal promovido por un neurocirujano adscrito al IMSS.

La Suprema Corte cambia las reglas del IMSS y avala hasta cinco años de prisión contra el personal médico.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambia las reglas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y avala hasta cinco años de prisión contra el personal médico cuando se compruebe negligencia que derive en lesiones permanentes. Al resolver por unanimidad el amparo en revisión 257/2026 bajo la ponencia de la ministra María Estela Ríos González, el pleno de la Suprema Corte confirmó la constitucionalidad de los artículos 60 y 291 del Código Penal Federal, estableciendo que el ejercicio profesional de la medicina no está exento de responsabilidad penal si se incurre en una violación grave al deber objetivo de cuidado.

La determinación del máximo tribunal surge a raíz del caso legal promovido por un neurocirujano adscrito al IMSS, quien solicitó la protección federal tras ser señalado penalmente luego de practicar intervenciones quirúrgicas de columna que dejaron secuelas de discapacidad motriz en un paciente.

Con esta resolución, la Corte delimitó con precisión el umbral entre los riesgos inherentes a la práctica médica y la responsabilidad legal derivada de una actuación imprudente o negligente en hospitales públicos y privados.

Criterios de la SCJN: Cuándo aplica la pena de prisión y qué se considera delito culposo

Durante la discusión plenaria, los ministros enfatizaron que el derecho penal no busca criminalizar los resultados desfavorables o las complicaciones imprevistas propias de la medicina —actividad que calificaron como un deber de medios y no de resultados—, sino sancionar de manera estricta la falta de precaución comprobada:

• Lesión permanente (Artículo 291): Se contemplan penas de tres a cinco años de prisión cuando la mala praxis genere la pérdida o afectación definitiva de una extremidad, órgano, función o facultad corporal.

• Suspensión del ejercicio profesional (Artículo 60): La legislación prevé la inhabilitación para ejercer la profesión médica hasta por tres años adicionales, dependiendo de la gravedad del delito culposo acreditado.

• Violación al deber objetivo de cuidado: Para configurar el delito, las fiscalías y tribunales deben comprobar mediante dictámenes periciales y protocolos clínicos que el especialista omitió seguir los estándares de la lex artis médica que estaba obligado a observar.

Implicaciones legales para el personal médico del IMSS y del sector salud

La validación de estas normativas penales genera un nuevo escenario de seguridad jurídica y supervisión en las unidades médicas del país, afectando tanto al personal operativo como a las instituciones de seguridad social:

• Obligatoriedad de los protocolos clínicos: Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y los manuales institucionales adquieren un peso probatorio determinante en los tribunales para evaluar si los médicos actuaron conforme a los estándares exigidos.

• Defensa basada en el riesgo inherente: Los profesionales de la salud deberán demostrar jurídicamente que el daño en el paciente derivó de una complicación biológica inevitable y no de una omisión atribuible al equipo quirúrgico.

• Revisión de expedientes específicos: La sentencia de la SCJN no constituye una condena automática, sino que ordena devolver los casos a los tribunales colegiados inferiores para revalorar las pruebas periciales y determinar si procede o se revoca la vinculación a proceso de los involucrados.