La sustentabilidad del sistema previsional en México ha obligado a las autoridades a tomar medidas drásticas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo definitivo respecto a las reformas de seguridad social que valida el recorte al aguinaldo para un sector específico de la población. Con esta resolución, se oficializa que ninguno de los nuevos jubilados bajo este esquema cobrará la prestación completa, pasando de percibir 60 días de salario a solamente 30 días a partir de ahora.
La medida busca aliviar la severa asfixia financiera que padecen los institutos de pensiones locales. No obstante, el máximo tribunal del país también estableció límites claros para proteger la retroactividad de la ley y asegurar los ingresos de quienes ya gozaban de este derecho adquirido.
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¿Quiénes perderán el beneficio completo del aguinaldo?
De acuerdo con la resolución judicial, el ajuste en el pago de la prestación decembrina se aplicará de forma exclusiva a los nuevos jubilados y pensionados pertenecientes al sistema del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), así como a los trabajadores que comiencen a cotizar de forma posterior a la entrada en vigor de la reforma.
Para este universo de trabajadores, el monto del aguinaldo se reducirá al 50%, una decisión que la SCJN consideró constitucional, proporcional y con un "fin legítimo" para evitar el colapso financiero de la institución y garantizar que se puedan seguir pagando las pensiones en el futuro.
Por el contrario, la Suprema Corte amparó a los actuales pensionados y determinó que el instituto no puede aplicar este recorte de forma generalizada ni retroactiva. Así, quienes ya se encontraban retirados o cotizaban bajo el régimen anterior conservarán el derecho de recibir el equivalente a 60 días de pensión. De hecho, el fallo obliga a la devolución de los montos retenidos ilegalmente durante los ejercicios previos a más de 6,500 afectados.
Es fundamental precisar que este recorte al aguinaldo no afecta, hasta el momento, a los pensionados federales del IMSS o del ISSSTE a nivel nacional, sino que impacta de manera directa en la legislación estatal analizada. Sin embargo, analistas económicos advierten que este fallo asienta un precedente jurídico trascendental en México, abriendo la puerta a que otras entidades federativas con crisis presupuestarias similares implementen reformas de ajuste previsional idénticas para contener sus déficit fiscales.
