Avanza el sistema que permitirá a personas y empresas utilizar el historial bancario para negociar mejores créditos

El mecanismo habilitará a personas y empresas a autorizar el traspaso de su información a otras entidades.

El principio rector del anteproyecto consagra que la información de las transacciones pertenece al usuario y no a la institución donde se generó.

El Banco Central del Uruguay (BCU) avanza en la construcción de un sistema de Finanzas Abiertas que transformaría la forma en que personas y empresas uruguayas acceden a productos financieros, es decir, en lugar de que cada banco retenga para sí la información de sus clientes, los usuarios podrían autorizar que esos datos se compartan con otras instituciones habilitadas para obtener mejores condiciones de crédito, comparar ofertas o facilitar pagos, sin necesidad de cambiar de entidad.

El anteproyecto de ley que crea el sistema fue aprobado por el Directorio del BCU y remitido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el 5 de junio, y forma parte de la Hoja de Ruta del Sistema de Pagos 2026-2030.

"Creemos que tenemos que pasar de un modelo de silos a un modelo de puentes en el sistema financiero y eso implica que se redefinan los roles de los diferentes agentes", afirmó la vicepresidenta del BCU, Ana Claudia de los Heros, al presentar la visión institucional sobre el sistema en el Forbes Revolución Fintech Summit. Sobre el rol del usuario en el nuevo esquema, De los Heros subrayó que el consentimiento va más allá de lo técnico: "Eso tiene varias partes: que ese consentimiento se pueda conseguir de forma segura, regulada, pero también implica educación financiera. Los usuarios (personas y empresas) tenemos que conocer desde nuestros derechos hasta nuestra capacidad de decisión en el uso de datos".

Cómo funciona y quiénes participan

La lógica central del sistema parte de un principio que el BCU sostiene con claridad: los datos financieros que genera cada persona o empresa a través de sus transacciones son de propiedad del usuario, no de la institución donde se generaron. Bajo el nuevo esquema, ese usuario puede autorizar que esa información sea compartida con otras instituciones, siempre mediante un consentimiento previo, expreso e informado que puede revocar en cualquier momento, sin costo y sin necesidad de dar explicaciones.

El anteproyecto prevé tres categorías de participantes. Los Proveedores de Acceso a Información (PAI) son las entidades financieras que deberán poner a disposición interfaces interoperables y seguras; los Terceros Proveedores de Servicios (TPS) son los actores (fintechs u otras instituciones financieras) que acceden a esas interfaces para prestar servicios basados en los datos o iniciar operaciones; y los usuarios son el tercer vértice. El BCU regulará y supervisará el sistema, incluyendo el registro y habilitación de participantes, y definirá los estándares técnicos y operativos.

Un cambio concreto que introduce el sistema es la prohibición del screen scraping: la práctica hoy habitual por la que aplicaciones de terceros acceden a cuentas bancarias usando directamente las credenciales del usuario quedaría eliminada. En su lugar, el mismo resultado se obtendría a través de interfaces habilitadas por el regulador, con trazabilidad, protección de datos y responsabilidades claras para cada parte.

Protecciones al usuario y lo que el anteproyecto aún no resuelve

El proyecto fija límites de consultas gratuitas por usuario y proveedor para ciertos tipos de información, y establece que las instituciones no podrán trasladar cargos específicos a los usuarios por el uso de las interfaces del sistema. Asimismo, incorpora principios de neutralidad tecnológica, transparencia, interoperabilidad y resiliencia operativa, alineados con la Ley de Protección de Datos Personales vigente en Uruguay.

Hay un punto, sin embargo, que el anteproyecto deja sin resolver: cómo se pagarán los costos que el sistema le genera a los bancos, que deberán invertir en infraestructura para poner a disposición las interfaces requeridas, y cuáles son los derechos o beneficios que tendrán a cambio.

Una hoja de ruta con historia y un horizonte en 2030

El exvicepresidente del BCU, Martín Inthamoussu, y el jefe de la Oficina de Innovación, Nicolás Serrano, habían presentado en octubre de 2024 la hoja de ruta para el sistema, con un cronograma que incluía abordar en 2025 las soluciones de pagos y transferencias, y entre 2025 y 2026 encarar las fases de movilidad de información con datos públicos y de usuarios financieros. El BCU también contempla para la gobernanza del sistema un Comité de Dirección de Finanzas Abiertas integrado por responsables del área de las instituciones participantes y representantes del regulador, lo que sería el primer caso de ese tipo en el sistema financiero.

El horizonte para tener el sistema en funcionamiento pleno es 2030, plazo que los especialistas consideran razonable dado que este tipo de implementaciones suele tomar entre dos y cinco años una vez cerrado el marco legal, y que proyectos de este tipo tienden a avanzar sin grandes obstáculos políticos por su carácter técnico. Lo que sigue es el trámite parlamentario del anteproyecto, que el MEF deberá convertir en proyecto de ley antes de enviarlo al Poder Legislativo.