La Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (Ccsuy), la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), la Cámara Mercantil de Productos del País (CMPP) y la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su "preocupación" por la situación del Puerto de Montevideo y reclamaron al Poder Ejecutivo que adopte medidas para garantizar su normal funcionamiento.
Cámaras empresariales exigen por intervención estatal para frenar los paros que jaquean al puerto de Montevideo
En un duro comunicado, las gremiales de comercio, industria y el agro denunciaron que Montevideo ya perdió 25 días de operación en lo que va del año.
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Continúa el conflicto en el Puerto de Montevideo tras el rechazo del sindicato a la propuesta del gobierno
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Un nuevo paro del sindicato complicó la operativa en el Puerto de Montevideo
El paro por tiempo indeterminado en Terminal Cuenca del Plata ya provocó que varias navieras internacionales cancelaran sus escalas o abandonaran el puerto sin descargar.
El documento, difundido "a la opinión pública", puso en números el deterioro operativo del principal puerto del país: en 2025 hubo más de 30 días con disrupciones, y en lo que va de 2026 ya se acumulan 25. "Al respecto, preguntamos: ¿hasta cuándo se admitirá que conflictos particulares sigan manteniendo en jaque al comercio exterior del país, y como consecuencia de ello, a su economía?", plantearon las cámaras.
El texto llega en medio del conflicto que atraviesa la Terminal Cuenca del Plata (TCP), operada por la empresa belga Katoen Natie, donde el sindicato de la planta, integrante del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA), resolvió paros por tiempo indeterminado desde el 1° de julio en el marco de una negociación colectiva que, según su presidente Álvaro Reinaldo, lleva casi dos meses sin acuerdo.
Contraste con la agenda de competitividad del gobierno
Las gremiales enmarcaron su reclamo en un contraste directo con la agenda legislativa del Poder Ejecutivo y señalaron que, mientras desde el gobierno se remitió al Parlamento un proyecto de ley que "persigue mejorar las condiciones de competitividad" y bajar el costo de vida de los uruguayos, en paralelo "se permite la generación de sobrecostos y se profundizan los problemas de conectividad", con impacto directo sobre "la competitividad empresarial y el costo de vida de todos los uruguayos". La referencia apunta al proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, presentado por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, que ingresó al Senado el 18 de junio con más de 240 artículos orientados a simplificar trámites y reducir la burocracia estatal.
El comunicado también invocó los acuerdos comerciales que Uruguay negoció en los últimos años. "El país en su conjunto ha realizado grandes esfuerzos para concretar acuerdos comerciales, como forma de potenciar las exportaciones, la inversión y generar más trabajo. Para aprovechar esas oportunidades, es imperativo tener abiertas las puertas que nos unen al mundo", sostuvieron las organizaciones, en una mención que remite al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, sobre el que operadores del comercio exterior vienen advirtiendo que exige capacidad de respuesta ágil para aprovechar los cupos de exportación disponibles.
Un conflicto que ya generó cancelaciones de buques
El reclamo empresarial se da luego de que las medidas más severas del sindicato de TCP, iniciadas el 22 de junio, acumularan más de 130 horas de paro y provocaran las primeras consecuencias concretas sobre la actividad marítima: el buque MSC Shreya canceló su escala en Montevideo, y lo mismo hicieron el Wieland y el Le Havre Express, de la naviera Hapag-Lloyd. Otros dos buques, el Cap San Artemissio, de Maersk, y el Sunny Phoenix, de ZIM, debieron realizar la maniobra conocida como "cut & run", que consiste en abandonar el puerto sin completar la totalidad de las operaciones de carga y descarga previstas.
El sindicato reclama, como condición para retomar la negociación, que Katoen Natie abone a los trabajadores un bono de 50.000 pesos líquidos mensuales mientras dure la negociación, o bien que garantice 25 jornales asegurados a todo el personal exista o no trabajo disponible. La empresa calificó ese planteo de "inviable" e "improcedente" por considerarlo ajeno a una negociación colectiva de buena fe. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) había propuesto una mediación con un calendario intensivo de reuniones durante seis semanas, que Katoen Natie aceptó por considerarla "una oportunidad seria y equilibrada", pero que el sindicato terminó rechazando.
En su comunicado, las cinco gremiales fueron categóricas sobre el límite que, a su juicio, ya se cruzó: "El Puerto de Montevideo no debe, ni por un conflicto ni bajo ninguna otra circunstancia, detener su actividad. Es urgente que el Poder Ejecutivo adopte medidas para subsanar esta situación y asegurar el normal desarrollo de sus actividades en el futuro".
