Legisladores de la oposición tildaron de fracaso el plan oficial frente al repunte de los asesinatos en el tercer trimestre.
Desde el Ministerio del Interior destacaron la incautación de más de 270 millones de dólares en bienes y fondos vinculados al crimen organizado.
El ministro del Interior, Carlos Negro, anunció que en noviembre se abrirá un llamado a concurso para incorporar 1.000 policías destinados exclusivamente a la Jefatura de Policía de Montevideo, en el marco de una comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados.
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El jerarca defendió los avances de su gestión y las medidas implementadas contra el crimen organizado, mientras que legisladores de la oposición cuestionaron los resultados de la política de seguridad y reclamaron cambios.
Negro señaló que desde el inicio de la actual administración se incorporaron 1.500 policías ejecutivos y que otros 1.500 efectivos que se encuentran en formación estarán en las calles a partir de marzo de 2027. A estos se sumarán 300 funcionarios cuya incorporación fue aprobada en la Rendición de Cuentas, además del nuevo llamado para Montevideo.
"Tenemos más policías que en el período pasado, por lo tanto, nuestras calles están mejor patrulladas que en el período pasado", afirmó el ministro. También señaló que la Policía registra unas 90 bajas mensuales, lo que obliga a sostener el recambio de personal.
Durante su exposición, Negro repasó los principales operativos realizados por la cartera. Informó que hay más de 70 procedimientos contra el lavado de activos en curso y que se llevaron adelante más de 1.800 allanamientos y más de 250 operaciones especiales. Según las cifras presentadas, las actuaciones permitieron desarticular más de 850 bocas de venta de drogas y retirar de circulación unas 2.000 armas y 93.000 municiones.
El ministro también sostuvo que alrededor de 35 líderes de bandas vinculadas al narcotráfico están en prisión desde el comienzo de la gestión. En materia de lavado de activos, señaló que se incautaron bienes muebles, inmuebles y fondos en cuentas bancarias por más de 270 millones de dólares.
"Estamos persiguiendo como nunca antes la ruta del dinero narco, con la definición de pegar arriba, donde más duele", afirmó. Negro atribuyó los resultados a una estrategia basada en información, inteligencia y coordinación entre las distintas áreas de seguridad.
Además, destacó las medidas normativas impulsadas para controlar las armas de fuego y las municiones, con el objetivo de reducir el abastecimiento de los circuitos violentos y evitar que esos elementos terminen en manos de organizaciones criminales.
Uno de los puntos centrales de la comparecencia fue la evolución de los homicidios. El ministro reconoció un incremento durante el tercer trimestre de 2026 y señaló que una parte importante responde a la criminalidad vinculada a enfrentamientos entre bandas.
"El fenómeno criminal de la lucha de bandas merece un abordaje especial", sostuvo. En esa línea, defendió la aplicación de intervenciones focalizadas en zonas de alta violencia letal, con el argumento de que los homicidios tienen motivaciones diferentes y requieren respuestas específicas.
Según Negro, los operativos desplegados en territorios donde se concentra la mayor cantidad de asesinatos permitieron reducir los homicidios en más de 40% en esas áreas. El ministro afirmó que una disminución sostenida en esos puntos puede repercutir en el conjunto de las cifras del país.
También destacó la adquisición de vehículos, motos y comisarías móviles, así como la incorporación de tecnología para reforzar la vigilancia en la frontera y el área metropolitana. Entre las medidas mencionó la instalación de arcos digitales para registrar movimientos y contribuir al control de ingresos y salidas de la capital.
Las explicaciones del ministro no conformaron a los legisladores opositores. El diputado del Partido Colorado (PC), Gabriel Gurméndez, sostuvo que el Plan Nacional de Seguridad Pública no está alcanzando sus objetivos y cuestionó que Negro no anunciara modificaciones durante su comparecencia.
"La prioridad era bajar los homicidios y reducir la violencia en los territorios críticos. La información de los primeros nueve meses, desde que se implementa en este año el plan, es muy elocuente de que este plan viene fracasando", afirmó.
Gurméndez dijo que el ministro "parece no reaccionar" y reclamó una mayor intervención del presidente de la República, Yamandú Orsi. A su entender, el gobierno debe definir cambios en la estrategia y en la conducción de la política de seguridad.
Por su parte, el diputado nacionalista, Pablo Abdala, advirtió sobre los niveles de homicidios y heridos de bala registrados durante los primeros tres trimestres del año. Sostuvo que las cifras aumentaron de manera progresiva y alertó sobre el riesgo de que 2026 termine con el mayor número de homicidios desde que existen registros comparables.
Abdala también cuestionó la respuesta del ministro y consideró que sus declaraciones no reflejan adecuadamente la situación de seguridad. De esta manera, la comparecencia dejó expuestas las diferencias entre el gobierno y la oposición sobre los resultados del plan y las medidas necesarias para reducir la violencia.