Censo: la población es 3,4% inferior a lo estimado

Consecuencias para la seguridad social y las perspectivas de las nuevas generaciones.

Uruguay tiene una población estimada de 3.444.263 personas.

Foto: Intendencia de Montevideo

El Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó los datos preliminares del Censo 2023, con una población estimada en Uruguay de 3.444.263 personas. La población es apenas 1% superior a la del Censo previo (2011), lo que implica que la tasa de crecimiento anual es menor a 0,1%, casi nula. Y lo más relevante: la cifra es 122.287 personas inferior a las proyecciones que se manejaban hasta ahora para la población de este año, e implica un cambio importante para las nuevas proyecciones demográficas, con consecuencias relevantes en cuestiones sociales y económicas.

A cuenta de análisis más exhaustivos, parece claro que Uruguay acompaña —y de manera bastante fuerte— las tendencias que se están dando en las sociedades occidentales más avanzadas: hay una reducción en el número de nacimientos y un aumento en la esperanza de vida, a largo plazo.

Según las cifras que presentó el INE, el número de nacimientos está en permanente declive desde hace muchos años, pero con una caída especialmente fuerte desde 2015. Hasta ese año, el número de nacimientos anuales se movía en torno a 47.000, pero a partir de ese año comenzó un descenso continuo, hasta llegar a 32.301 el año pasado. Esta cifra es inferior al número de decesos, que aumentó por la pandemia, pero que, aun bajando en los próximos años, seguiría siendo superior a los nacimientos. Y aquí la matemática es bastante sencilla: de no cambiar este escenario, la población del Uruguay comenzará a descender.

La inmigración de los últimos años (algo más de 61.000 personas, principalmente venezolanos y argentinos) ciertamente atenúa la tendencia, pero no lo cambia: esos inmigrantes están incluidos en el conteo, y aun así la población fue sustancialmente inferior a la proyectada (en concreto, 3,4% inferior).

A su vez, la estructura de la población va cambiando de manera notoria, con un aumento en la edad promedio. Tomando los estratos que proporcionó el INE, en 2023 y por primera vez en la historia las personas con 35 o más años superan el 50% del total. En concreto, en 2023 el 38% de la población tenía entre 34 y 64 años y el 16% 65 años o más. Los avances en la medicina, la calidad de vida y la tecnología en general, permiten un aumento en la esperanza de vida que se refleja en la estructura demográfica, algo que también se ve en países que mejoran su desarrollo económico.

Sin embargo, Uruguay todavía no alcanza el estatus de nación desarrollada y tiene ciertas vulnerabilidades desde el punto de vista económico, que hacen que las referidas tendencias demográficas sean una verdadera luz amarilla en las proyecciones de crecimiento, desarrollo y calidad de vida de los uruguayos.

En efecto, uno de los principales impactos en el cambio de la pirámide demográfica (con menos base y más altura) se da a nivel de los sistemas de seguridad social. Estos sistemas, históricamente basados en un esquema de reparto intergeneracional, en los cuales los nuevos trabajadores financian la jubilación de los que se van retirando, han entrado en serios problemas, porque los primeros son cada vez menos y los últimos cada vez más.

Uruguay —con buen tino— ha buscado anticiparse al problema con la reciente reforma del sistema de seguridad social, que aumentó la edad mínima jubilatoria y además unifica los sistemas en el mediano y largo plazo. La reforma, además, establece como obligatorio el pilar de ahorro individual, de manera de darle más sustentabilidad financiera al sistema. El problema es que, si bien ahora es obligatorio para todos los trabajadores, el pilar de ahorro individual ha quedado más chico, pasando de 7,5% a 5% del salario (en el caso más corriente). El cambio fue fruto de la discusión política que tuvo el proyecto original del Ejecutivo, pero, dados los nuevos datos del censo, puede plantearse con buenos fundamentos que se deberían introducir cambios al sistema antes de lo pensado. Aumentar la ponderación del ahorro individual sería un avance para la sostenibilidad del sistema y sería justo con los más jóvenes.

La natalidad, el voluntarismo y la realidad

La caída de la natalidad da lugar a diversos comentarios e incluso propuestas para aumentarla, es decir, para alentar a los más jóvenes a tener más hijos. Un reflejo voluntarista que pocas veces —¿nunca?— tiene resultado.

El asunto merece un abordaje más amplio respecto a sus causas. Primeramente, parece bastante claro que en la medida que a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI la mujer fue ingresando en el mercado de trabajo formal, la constitución de la familia y las decisiones sobre gestación y crianza de hijos han tenido un cambio profundo, con menos nacimientos y mayor edad al nacimiento del primer hijo. Seguramente también inciden cambios en las aspiraciones y proyectos de las nuevas generaciones.

Pero también hay factores que pueden cambiar según los países. El mismo día que el INE divulgó los datos del Censo 2023, también publicó su informe mensual sobre empleo diferencial, donde analiza los datos del mercado de trabajo por franja etaria. Allí se confirma (porque el dato no es nuevo) que los problemas más complicados de empleo se dan en los jóvenes de 25 a 29 años, y, en menor medida, de 29 a 34 (los estratos los establece el propio INE). En el caso de los jóvenes de menos de 24 años, allí la tasa de actividad es bastante menor y el ingreso o no al mercado de trabajo depende de los planes de formación y educación del individuo, entre otros asuntos.

Pero ya a partir de los 25 años la persona está en plan edad de trabajo y, sin embargo, el desempleo es más de 12%, más del doble que en los adultos (gráfica). El ingreso y desarrollo en el mercado laboral es azaroso para la mayoría de los jóvenes, más allá del nivel de estudios. Y posiblemente se haga cada vez más desafiante con la aceleración de la revolución de las tecnologías de la información, que hace difícil proyectar una carrera laboral siquiera a mediano plazo.

A la educación esto le impone un desafío doble: dar señales más claras de la tendencia futura y adoptar su oferta a eso, al tiempo que mantener y aumentar la calidad educativa de las generaciones jóvenes, que van a tener sobre sus hombros un peso económico mayor. Casi nada.

A su vez, se precisa mayor grado de apertura y flexibilidad en el mercado laboral, en especial para los nuevos trabajadores. La ley de empleo juvenil, bien intencionada, ha tenido poco impacto. Pero esa mayor apertura y flexibilidad no siempre es recibida con agrado por parte de los sindicatos; en cierta medida, eso es comprensible, pero posiblemente los recaudos y protecciones para los trabajadores empleados (sello histórico de la sociedad uruguaya) tienen un costo que lo están pagando los más jóvenes; y justo cuando en el momento en que se define la eventual constitución de una familia y un proyecto de vida. La tasa de natalidad difícilmente vuelva a las del pasado, pero sin tener en cuenta estas cuestiones, tal vez sigan bajando de manera sorprendente en Uruguay.