¿Cómo es la propuesta de Ceres para ahorrar u$s 550 millones sin subir impuestos?

Ignacio Munyo advirtió que la competitividad es el principal desafío de Uruguay y lo catalogó como el gran problema que debe resolver.

Ignacio Munyo, director ejecutivo de Ceres. 

El director ejecutivo de Ceres, Ignacio Munyo, sostuvo este martes que la pérdida de competitividad constituye “el gran problema que Uruguay debe resolver” y alertó de que el escenario internacional se volvió más exigente para atraer inversiones, en un contexto marcado por la fragmentación geopolítica, el menor crecimiento global y tasas de interés internacionales elevadas.

Durante el desayuno empresarial organizado por Ceres bajo el título “La dura realidad. Datos, análisis y perspectiva”, el economista afirmó que el país enfrenta un deterioro de sus condiciones para captar inversión productiva, debido a que los costos crecieron a un ritmo significativamente superior al de los retornos esperados.

Según señaló, mientras los ingresos asociados a proyectos productivos aumentaron algo más de una vez y media en las últimas décadas, los costos prácticamente se triplicaron, reduciendo el atractivo relativo de invertir en Uruguay frente a otras alternativas financieras de bajo riesgo.

Un mundo más fragmentado y menos favorable

Munyo dedicó buena parte de su exposición a describir la nueva configuración del escenario internacional. Afirmó que el mundo avanza hacia una lógica de bloques geopolíticos, con democracias, regímenes autoritarios y países neutrales o híbridos, donde las afinidades políticas pesan cada vez más sobre las decisiones de comercio, inversión y localización de cadenas productivas.

En ese marco, consideró que la tradicional neutralidad uruguaya tiene hoy menos ventajas que en el pasado y advirtió que la economía global atraviesa una etapa de desaceleración asociada a mayores barreras comerciales, tensiones geopolíticas y altos costos energéticos.

También mencionó la incertidumbre derivada de los procesos políticos y económicos en Brasil y Argentina, dos socios clave para Uruguay. En tanto el economista señaló que la inversión continúa en niveles insuficientes para sostener mayores tasas de crecimiento.

En ese sentido, indicó que la relación inversión-producto se ubica por debajo del 16% del PIB, lejos del umbral de 20% que suele considerarse necesario para impulsar un crecimiento sostenido. Asimismo, remarcó que la inversión extranjera directa permanece rezagada respecto a otros países de la región. “Sin más inversión no es posible un crecimiento sostenible”, afirmó.

Los tres factores de la competitividad

En ese contexto, identificó tres factores que explican los problemas de competitividad: la regulación laboral, la regulación de la competencia y la carga fiscal, incluyendo impuestos y tarifas públicas. “Todos los problemas regulatorios, de carga fiscal y de competitividad explican por qué Uruguay es un país carísimo”, sostuvo.

Munyo valoró positivamente el proyecto de ley de competitividad enviado recientemente por el Poder Ejecutivo al Parlamento, al entender que avanza en la agenda de modernización regulatoria.

Entre los aspectos destacados mencionó la incorporación de criterios de proporcionalidad en las regulaciones, la gestión basada en riesgos, mecanismos de silencio positivo en determinados trámites administrativos, la profundización de la digitalización y medidas para fortalecer la competencia.

No obstante, sostuvo que varios elementos centrales quedaron sujetos a reglamentación posterior y propuso fortalecer la iniciativa transformando los principios regulatorios en derechos exigibles para ciudadanos y empresas, además de crear un Consejo Asesor de Competitividad con independencia técnica. A su juicio, el avance en materia de competencia cuenta con una mayor “licencia social” que otras reformas estructurales pendientes, particularmente las vinculadas al mercado laboral y a la carga tributaria.

Una propuesta de ahorro millonaria

Uno de los principales anuncios de la presentación fue una propuesta de Ceres para generar más de 550 millones de dólares anuales mediante mejoras en la eficiencia del gasto público, como alternativa a los aumentos tributarios que el gobierno evalúa para financiar prioridades como infancia, seguridad pública y atención a personas en situación de calle. Munyo comparó esa cifra con la estimación oficial de una recaudación adicional superior a 600 millones de dólares por año derivada de nuevos tributos y cambios impositivos.

La propuesta de Ceres contempla ahorros e ingresos por distintas vías: 11 millones de dólares por la tercerización total del dragado del puerto; 50 millones de dólares por el cierre de la producción nacional de portland; 90 millones de dólares mediante la reducción de exoneraciones a vehículos eléctricos; y otros 190 millones de dólares a través de una reformulación del Instituto Nacional de Colonización, incluyendo la venta gradual de campos y el freno a nuevas adquisiciones.

Además, se propone ahorrar 210 millones de dólares mediante una revisión integral del gasto público equivalente a aproximadamente el 1% del gasto estatal. Munyo sostuvo que una estrategia basada en eficiencia permitiría alcanzar resultados fiscales similares a los obtenidos mediante aumentos de impuestos, pero con efectos más favorables sobre la inversión y las expectativas económicas.

Críticas al proyecto de movilidad metropolitana

El director de Ceres también cuestionó el diseño financiero de la propuesta de reforma de movilidad metropolitana, cuyo costo estimado ronda los 1.000 millones de dólares. En particular, planteó dudas sobre la decisión de que el Estado sea propietario de los futuros ómnibus de tránsito rápido (BRT) y sobre el recurso al endeudamiento público para financiar el proyecto.

Munyo señaló que Uruguay dispone todavía de margen para utilizar mecanismos de Participación Público-Privada (PPP) y recordó experiencias que, a su juicio, implicaron pérdidas o sobrecostos significativos para el Estado, como la regasificadora, los corredores Garzón y General Flores y el Antel Arena.

Advertencia sobre la seguridad social

Otro de los capítulos centrales de la exposición estuvo dedicado al sistema previsional. Munyo expresó preocupación por algunas propuestas surgidas del Diálogo Social, especialmente las vinculadas a una eventual flexibilización de la edad de retiro y cambios en el funcionamiento de las AFAP. Según indicó, las nuevas proyecciones demográficas derivadas del Censo 2023 muestran un escenario más desafiante que el previsto cuando se aprobó la reforma previsional de 2023.

Ceres estima que hacia 2045 habrá 177.000 personas menos en edad de trabajar, 112.000 menores de 14 años menos y unos 14.000 nacimientos menos que los proyectados anteriormente. Para Munyo, estos cambios demográficos, combinados con una eventual reducción de la edad efectiva de jubilación, podrían erosionar buena parte de las ganancias de sostenibilidad fiscal obtenidas con la reforma aprobada durante el anterior gobierno.

Además, cuestionó que el Diálogo Social no avance en aspectos que considera clave para mejorar las jubilaciones, como una reducción de los costos asociados a las rentas vitalicias administradas por el Banco de Seguros del Estado y una mayor flexibilidad para la inversión de los fondos previsionales. “La competitividad es el gran problema que Uruguay debe resolver”, concluyó el economista ante más de 300 empresarios.