22 de noviembre 2026 - 17:10

Con casi 600 trabajadores en seguro de paro, ocuparon el Frigorífico Carrasco por falta de certezas sobre su reapertura

El sindicato ocupó las instalaciones este viernes y denunció que la empresa utiliza el subsidio estatal para presionar por rebajas salariales y despidos.

En agosto, Minerva había atribuido la paralización de la planta a la caída de la faena bovina, el aumento de las exportaciones de ganado en pie y la capacidad ociosa de sus otras unidades.

En agosto, Minerva había atribuido la paralización de la planta a la caída de la faena bovina, el aumento de las exportaciones de ganado en pie y la capacidad ociosa de sus otras unidades.

AFP

El conflicto en el Frigorífico Carrasco, propiedad de la brasileña, Minerva Foods, escaló esta semana con la ocupación de la planta por parte de sus trabajadores, que llevan más de un año sin actividad y reclaman definiciones sobre el futuro del establecimiento. El sindicato denuncia que la empresa utiliza el seguro de desempleo para administrar sus costos y presionar por ajustes salariales y despidos, mientras cerca de 600 trabajadores permanecen amparados por la prestación.

La medida fue impulsada por el Sindicato de Trabajadores del Frigorífico Carrasco (Sitfrica) ante la falta de avances en las negociaciones con la compañía. La ocupación comenzó durante la madrugada del viernes 20 de noviembre y, según informó la diaria, se extendió hasta aproximadamente las 16 horas. El reclamo incluye una fecha concreta para el retorno a la actividad, información sobre las licencias pendientes y un cronograma de reincorporación de los trabajadores.

La situación también expone una dificultad para el gobierno: la última extensión del seguro de paro quedó atada a que Minerva definiera qué hará con la planta y cuántos trabajadores volverán a sus puestos. La Ley 20.537, promulgada el 3 de noviembre y publicada el 16 de noviembre, habilitó extender el subsidio hasta el 30 de noviembre, pero estableció que la empresa debía presentar antes del 1º de noviembre un plan concreto de reapertura, sujeto a evaluación favorable de los organismos competentes.

El gobierno condicionó la extensión del seguro a un plan de reapertura

La normativa estableció que el plan debía incluir, como mínimo, la fecha prevista para reiniciar la actividad productiva, la modalidad de funcionamiento, la cantidad de trabajadores que serían reincorporados y el cronograma de retorno. La evaluación debía quedar a cargo de la Dirección Nacional de Seguridad Social del MTSS de la Asesoría Macroeconómica y Financiera del Ministerio de Economía.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, el Poder Ejecutivo había señalado que Minerva presentó el 4 de agosto un documento denominado "Plan de Reactivación Operativa". Allí la compañía atribuyó la paralización, entre otros factores, a la caída de la faena bovina, la capacidad ociosa de otras plantas del grupo, el aumento de las exportaciones de ganado en pie y restricciones comerciales y operativas específicas del establecimiento.

Sin embargo, el propio gobierno indicó que ese documento todavía no definía las acciones concretas para reactivar la planta ni si volvería a funcionar con el esquema de producción que tenía antes de octubre de 2025 o bajo una nueva modalidad. Por ese motivo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habían instado a la empresa a precisar el futuro de la unidad productiva y el destino de sus trabajadores.

El Poder Ejecutivo también dejó establecido en la exposición de motivos que esta sería la última prórroga del subsidio que promovería para los trabajadores de Frigorífico Carrasco. La extensión hasta el 30 de noviembre quedó sujeta a la presentación y aprobación del plan exigido por la ley.

Minerva evaluó cambiar el modelo de funcionamiento

Uno de los puntos que alimenta la incertidumbre es el modelo productivo que tendrá el establecimiento si vuelve a operar. Durante las negociaciones con el gobierno, la empresa manejó distintos escenarios: inicialmente planteó la posibilidad de cerrar la planta; luego evaluó reconvertirla en un centro de desosado y logística, sin actividad de faena; y más recientemente volvió a considerar la posibilidad de retomar la faena.

La alternativa de convertir Carrasco en una planta de ciclo 2 fue presentada formalmente por Minerva ante el Ministerio de Trabajo en agosto y setiembre. Ese esquema implicaría recibir medias reses provenientes de las otras tres plantas del grupo en Uruguay, BPU, Pul y Canelones, para realizar tareas de desosado y procesamiento, en lugar de mantener el ciclo completo de faena.

Según había informado Tardáguila en setiembre, la viabilidad de ese modelo dependería de que las otras unidades del grupo alcanzaran conjuntamente unas 50.000 reses mensuales o de que Minerva comprara materia prima en el mercado interno.

La planta de Paso Carrasco cuenta con alrededor de 650 trabajadores, de acuerdo con información recogida por El Megáfono. De ese total, entre 580 y 590 estarían en seguro de desempleo, mientras unos 60 continúan activos en un sector del establecimiento. En la exposición de motivos del proyecto de ley, el Poder Ejecutivo había consignado 683 trabajadores registrados en la planilla de trabajo unificada.

El sindicato denuncia dificultades para cobrar el subsidio

Además de la falta de definiciones sobre la reapertura, los trabajadores cuestionan el manejo del seguro de desempleo. Sitfrica acusó a Minerva de utilizar la prestación como una herramienta para administrar su economía y como un mecanismo de presión para avanzar en eventuales despidos y rebajas salariales.

El dirigente sindical, Francisco Balado, también denunció que la empresa no realizó los trámites necesarios para habilitar el cobro de las prestaciones correspondientes a los últimos meses. Según declaró a Telenoche, los trabajadores estaban cobrando con retraso y la compañía no había presentado la justificación requerida por el gobierno para habilitar la continuidad del beneficio.

La discusión trasciende a la planta de Carrasco y se inscribe en un debate más amplio sobre el uso de las extensiones del seguro de paro en la industria frigorífica. En octubre, el senador frenteamplista Óscar Andrade había anunciado en el Parlamento que el oficialismo analizaba una normativa para regular situaciones en las que el subsidio se utiliza, según su planteo, para negociar condiciones laborales a la baja.

Te puede interesar