21 de junio 2024 - 09:50

Crisis en el sector pesquero: los trabajadores denunciarán a las empresas ante un "Estado ausente"

El sindicato único de la pesca reclama respuestas por parte del gobierno mientras que las empresas pesqueras continúan con el 75% de la flota parada.

El conflicto en el sector pesquero sigue escalando mientras el 75% de la flota uruguaya está sin trabajar.

El conflicto en el sector pesquero sigue escalando mientras el 75% de la flota uruguaya está sin trabajar.

Foto: @yucayo

El sector pesquero de Uruguay continúa atravesando una situación crítica que lo lleva a tener el 75% de los buques inactivos por decisión de las empresas, que no ven rentable la actividad en las condiciones actuales. Más allá del impacto económico por tener una industria prácticamente parada, los trabajadores también se ven afectados pero, por el momento, no han tenido respuesta desde el gobierno.

Los trabajadores de la pesca denuncian un “Estado ausente” mientras el sector sigue sin retomar la actividad, por decisión de las empresas, que tienen la mayor parte de los buques parados. “Por el momento no encontramos una solución. Fue algo informal con la idea de tratar de llegar un poco más a ver si podemos tener algún tipo de negociación”, dijo Leonardo Musetti del Sindicato Único de Patrones de Pesca a Subrayado, luego de una reunión con el ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Mario Arizti, y el director de Trabajo, Federico Daverede.

“Nosotros lo que queremos es negociar y salir lo antes posible. El tema es que los empresarios siguen diciendo, más o menos manifestaron una visión, de que el Estado no les está dando nada y que en esa situación no pueden trabajar. Nosotros pensamos que no es así, que hay un 25% de la flota que está trabajando”, expresó Musetti.

Denuncias contra las empresas

Entre sus reclamos, el sindicato único de la pesca pide que se cumpla con la ley, se retiren los permisos a las embarcaciones que están paradas hace más de 180 días y se llame a licitación para asignar esos cupos a otras empresas.

“La intergremial marítima ya está haciendo las denuncias correspondientes en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), acá en Ministerio de Trabajo, en Dinara. La ley es clara”, afirmó por su parte Facundo Montaña del Centro de Maquinistas Navales.

“Hay un 25% de la flota en el mar, han trabajado antes del 30 de abril, están trabajando ahora, han firmado convenios colectivos con aumento y recuperación salarial y por ende no hay una justificación clara de por qué están parados. Por lo tanto, si no les es rentable que cierren, devuelvan los permisos”, dijo Montaña.

En ese sentido, remarcó que se trata de “un paro empresarial”, que el MTSS los llama a “reuniones informales sin respuestas” y que “el MGAP no aparece”, por lo que hablan de “un Estado ausente”.

Recordó que los trabajadores están "sin seguro de paro, sin Fonasa, sin ningún tipo de cobertura”. Hay empresas que hace más de siete meses no están trabajando.

El conflicto en el sector pesquero

Hace un mes, la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) alertaron que el sector, actualmente en su mayoría paralizado, no podrá volver a la actividad y rechazaron iniciar negociaciones laborales en el marco del MTSS.

“Teniendo en cuenta que la respuesta del Poder Ejecutivo a los planteos realizados por el sector empresarial para enfrentar la crisis de la pesca no modifica la situación actual y que supone la inviabilidad económica del sector, CAPU y CIPU consideran que no están dadas las condiciones en sentido general para retomar la operatividad, más allá de las decisiones que tome cada empresa”, señala un comunicado conjunto publicado a principios de mayo.

Las cámaras pesqueras, que llevan meses presionando al gobierno de Luis Lacalle Pou para que inicie varios cambios regulatorios en la actividad, mantuvo el fuerte tono contra el Ejecutivo al responsabilizarlo de “firmar el acta de defunción de la pesca en Uruguay”, recordando que al menos el 60% de la flota está paralizada y que más de 2.000 puestos de trabajo fueron afectados.

Específicamente, CAPU y CIPU denuncian la inviabilidad de la actividad por fuera de la zafra debido a los altos costos y exigen al gobierno algunos cambios que colaboren con una baja de los costos, entre ellos modificar el decreto 233 de 2009 por el que se otorgó un cómputo jubilatorio bonificado para los trabajadores pesqueros.

También se reclama volver a un esquema de aportes por fictos –como se hizo en algún momento- y no por los salarios reales de los trabajadores. Otro punto refiere a las primas por accidentes del Banco de Seguros (BSE), que son señaladas como de las más altas del país.

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