Los ajustes en las tarifas de servicios públicos y combustibles comienzan a regir desde este jueves, en un contexto de inflación a la baja.
Las nuevas tarifas de servicios públicos y combustibles comienzan a regir en los primeros días del año.
Como cada 1° de enero, las tarifas de los servicios brindados por las empresas públicas —UTE, OSE, Antel y Ancap— experimentan ajustes en función de la inflación del año previo y del balance financiero de cada una de las compañías; y el 2026 no es la excepción: ¿cuáles son los aumentos que llegan con el nuevo año?
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En los últimos días del 2025, las empresas públicas fueron anunciando los aumentos que se efectivizan con el nuevo año, tras el aval correspondiente del Poder Ejecutivo. Asimismo, bajo el nuevo esquema de actualización bimestral, también los combustibles experimentaron un ajuste que, en enero, se suma al de las tarifas de electricidad, agua, y telefonía e internet.
El directorio de la Administración Nacional de Obras Sanitarias del Estado (OSE) aprobó un aumento del 8,5% en las tarifas de agua potable y saneamiento a partir de enero —bastante por encima de la inflación—, aunque la suba no será uniforme para todos los usuarios: los hogares considerados socioeconómicamente vulnerables, como beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y de la Tarifa Social, tendrán un incremento menor, del 4,8%.
El aumento está justificado sobre dos argumentos: por un lado, una actualización por evolución de costos del 4,8% y, por otro, un adicional del 3,7% destinado a corregir desequilibrios acumulados y a financiar el plan de inversiones previsto por OSE. Este componente adicional no será aplicado a los usuarios vulnerables, que solo absorberán la actualización vinculada a los costos operativos del servicio.
Los valores de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) se incrementarán un 4% en promedio durante el año que comienza, en base a una estructura de ajustes diferenciados según la modalidad de consumo, con el objetivo de avanzar hacia un presupuesto más equilibrado y sostenible.
De esta forma, las tarifas residenciales tendrán un ajuste promedio del 3,3%, por debajo del promedio general. El impacto más bajo será para la tarifa residencial simple, que alcanza a aproximadamente 1.100.000 clientes y tendrá un ajuste del 2,93%. Este segmento representa la mayor base de usuarios del ente y concentra el consumo de hogares con niveles de demanda eléctrica estándar.
Por su parte, las tarifas no residenciales se ajustarán moderadamente y de manera consistente con la tasa de inflación, acompañando la evolución de los costos.
La Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel), por su parte, planteó un ajuste del 3,5% promedio, que afectará tanto a los planes de datos móviles para celulares como a los servicios de internet en hogares. Según el ente, este incremento se ubica 1 punto porcentual por debajo de la inflación proyectada para 2026.
El aumento busca mantener el equilibrio presupuestal pero sin generar impactos en los bolsillos de los usuarios, que verán ajustados sus planes mensuales en una proporción inferior al crecimiento general de precios esperado para el próximo año, lo que en términos reales representa un leve alivio en el costo de estos servicios esenciales.
En el caso de los combustibles, el gobierno resolvió una leve baja en los precios de la nafta y el gasoil, mientras que mantuvo estable el valor del supergás.
Concretamente, se definieron bajas del 0,22% para la nafta Premium 97 y del 0,29% para la Súper 85, mientras que la disminución fue más considerable en el caso del gasoil 10S y el 50S, llegando al 1,53% y al 1,75%,respectivamente. En tanto, el supergás se mantuvo estable.
Con estas modificaciones, apoyadas parcialmente en el informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) de la Ursea y en el objetivo de reducir los costos de fletes y seguros internacionales —en un contexto de retroceso del dólar—, desde este jueves, los precios en surtidor son los siguientes:
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