El agro apunta contra la "lista negra" sanitaria que propone el Poder Ejecutivo

La Asociación Rural del Uruguay calificó de "exceso" los artículos 136 y 137 de la Rendición de Cuentas, que establecen más regulaciones para la cadena cárnica.

El agro apunta contra la "lista negra" sanitaria que propone el Poder Ejecutivo.

El costado sanitario de la cadena de exportación cárnica uruguaya está bajo la lupa luego de las recientes sanciones chinas a frigoríficos locales por detección de residuos de medicamentos veterinarios en embarques, por lo que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGPA) busca evitar nuevos inconvenientes: para el agro, se trata de un "exceso" por parte del gobierno.

En el marco de su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, la Asociación Rural del Uruguay (ARU) expresó su rechazo a dos artículos particulares del proyecto de Rendición de Cuentas del gobierno: el 136, que autoriza a la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) del MGAP a comunicar a los frigoríficos una lista de establecimientos que hayan sido objeto de observación sanitaria; y el 137, que habilita a la DGSG a disponer la "interdicción sanitaria prevista" por un plazo de hasta 90 días en caso de detectar irregularidades como las ya experimentadas en los últimos meses.

Una "lista negra" cuestionada por el agro que "por ahora" sigue vigente

Respecto del artículo 136 —que permitiría informar a los frigoríficos sobre aquellos establecimientos ganaderos que “hayan sido objeto de observación sanitaria como consecuencia de la detección de residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas y/o contaminantes ambientales en productos de origen animal”—, el presidente de la ARU, Rafael Ferber, sostuvo que ven "muy inconveniente que se compartan con la industria datos de productores". Por ese motivo, explicó que llaman a la disposición la "lista negra".

Según la gremial agropecuaria, la situación con respecto a los controles de la carne contaminada “no es nada clara como para generar una herramienta cuyos objetivos finales, cuando los tiene la industria, pueden ser dos: no comprar ganado o bajar el precio de ese ganado”.

El artículo en cuestión, en tanto, está rodeado de cierta incertidumbre: si bien el titular del MGAP, Alfredo Fratti, había adelantado que sería retirado del proyecto general, a pedido de los legisladores, la diputada del Frente Amplio (FA) Inés Cortés —que presidió la sesión de la comisión del último viernes—, explicó que, "por ahora", la disposición sigue vigente.

Críticas al manejo "confuso" del MGAP

Más allá de las dudas que se generaron en torno a la vigencia del artículo 136, Fratti confirmó que se mantendría el 137, que faculta a la DGSG a disponer la "interdicción sanitaria prevista" a los establecimientos que infrinjan la normativa sanitaria respecto de la presencia de residuos de medicamentos —sobre todo, cuando ponga en riesgo los estándares sanitarios y el acceso a mercados—, con "carácter preventivo y previsional", y por un plazo no superior a los 90 días. De hecho, tal medida deberá mantenerse "únicamente por el tiempo estrictamente necesario para gestionar el riesgo sanitario que la motivó".

Sobre esto, Ferber sostuvo que la regulación "se viene manejando de una forma muy confusa desde el Ministerio de Ganadería", y puso como ejemplo que el asesor de Sanidad Animal de la cartera, Carlos Fuellis, señaló que "faltan conocimientos sobre los residuos": "Ni siquiera las autoridades saben si están interdictando productores que hayan hecho algo mal", expresó.

También cuestionó que el plazo para elaborar el informe por parte del ministerio sea de 90 días. "Realmente es un exceso. Que claramente el ministerio tiene que atender la situación y ver por qué pasó, no caben dudas. Lo que no puede ser es que se tome un período de tiempo, que es hasta superior a lo que es el cambio de ganado cuando se hace de campo a campo, y después va a frigorífico”, apuntó ante los legisladores.