El Congreso de Ediles rechazó la regulación de ingresos a las intendencias porque "coarta la autonomía" departamental

Representantes de las juntas departamentales cuestionaron el proyecto, que cuenta con media sanción y establece concursos.

El Congreso de Ediles rechazó la regulación de ingresos a las intendencias.

El Congreso Nacional de Ediles expresó su oposición al proyecto de ley que busca regular los ingresos a las intendenciasy establecerlos por concurso, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados: "Coarta la posibilidad de ayudar a las personas", sostuvieron,

La Comisión de Constitución y Legislación del Senado se encuentra debatiendo el proyecto de ingreso a las intendencias luego de que fuera aprobado en la Cámara baja a principios de mayo. En ese marco, un grupo compuesto por ocho ediles acudió en representación de todo el Congreso, para dar cuenta de la visión negativa compartida en el organismo departamental respecto de que la designación de funcionarios, así como los ascensos de personal, se haga solo por concurso público y abierto, o por sorteo en situaciones específicas.

Al respecto, el coordinador de la bancada del Partido Nacional (PN) y expresidente de la Junta Departamental de Artigas, Alejandro Silvera, planteó que la normativa en cuestión “condiciona el ejercicio de las potestades de los gobiernos departamentales”, por lo que “se aparta de la Constitución".

"Hasta el propio gobierno nacional ha realizado y realiza designaciones directas. Un ejemplo de ello es el caso de quienes tienen hoy la oportunidad de trabajo a través del programa Accesos. Sus designaciones llegan a nuestros departamentos desde Montevideo, en los anteriores gobiernos y en el actual. No hay posibilidad, ni siquiera de las oficinas locales, de calificar la oportunidad de muchas situaciones”, consideró en su alocución, y puso como contrapartida que ya existen mecanismos de control por la población.

Por su parte, Miguel Giménez, edil de Artigas y presidente de la Comisión de Legislación del Congreso, reclamó la revisión del proyecto desde un punto de vista más político: "Se está avasallando el derecho y la autonomía de los gobierno departamentales", sostuvo, y puso sobre la mesa de debate el hecho de que las realidades de la capital y las comunas del interior del país son muy diferentes, razón por la cual, a nivel departamental, se necesita "tener autonomía para atender las situaciones especiales que se dan".

"Están coartando una posibilidad enorme que tenemos de ayudar a las personas”, insistió.

En tanto, el diputado colorado Walter Cervini, en ejercicio de la suplencia a Pedro Bordaberry en el Senado y responsable de presentar nuevamente el proyecto de ingresos a las intendencias, defendió ante los cuestionamientos la iniciativa desde el punto de vista jurídico y consideró que la autonomía de los gobiernos departamentales “no pasa por el hecho de que los intendentes tengan el criterio para designar ingresos por contrataciones directas para generar una política de trabajo”.

Modificaciones al texto del proyecto

El coordinador de bancada de ediles del Frente Amplio (FA), Juan Ripoll, consideró que para su fuerza política "es prioritario que se apruebe un proyecto de ley con determinada redacción", pero que eso no habilita que sea "cualquier norma". El principal cuestionamiento estuvo en cuanto a la aplicabilidad real de la ley, debido a la falta de sanciones contempladas en los casos de incumplimiento.

“Quiero una norma que obligue a las intendencias y que potencie el rol de las juntas departamentales en el contralor”, resumió.

Si bien el Congreso Nacional de Ediles tiene el rol de representar y jerarquizar a los 589 legisladores departamentales del país, los ocho que se presentaron ante la comisión del Senado aclararon que todavía no conocen la postura del total de las juntas departamentales, ya que algunas de ellas aun no respondieron a la consulta específica.

El proyecto establece que “la designación y los ascensos del personal presupuestado o contratado de los gobiernos departamentales deberán realizarse por concurso público y abierto conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades y a la justa ponderación entre la capacidad técnica y los méritos y antecedentes de cada persona”.

Además, añade la posibilidad de utilizar los mecanismos de sorteos para cargos que así lo ameriten, siempre y cuando el jerarca fundamente expresamente la razón para implementarlos.