El desafío salarial

Porque es un gobierno de izquierda y porque se ha propuesto desindexar y bajar la inflación, la negociación salarial es un asunto clave para la actual administración. Los desafíos del empleo.

La negociación salarial es un asunto clave para el gobierno.

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En las próximas horas el gobierno presentará en el Consejo Superior Tripartito sus lineamientos para las próximas negociaciones salariales. Es un asunto relevante, en particular para el gobierno de izquierda, en la medida que -entre otras cosas- lo implica directamente con el PIT-CNT, la central sindical que históricamente ha tenido un vínculo de cercanía con el Frente Amplio (FA). Sin ir más lejos, el actual ministro de Trabajo, Juan Castillo, histórico sindicalista portuario, fue coordinador general del PIT-CNT

La negociación tiene varios desafíos claves. El primero es definir lineamientos razonables en unas circunstancias particulares de la situación salarial. Si bien hay sectores con dificultades en materia laboral y de ingresos, las cifras indican que -en promedio- el Índice Medio de Salarios (IMS) está en su mayor nivel de los últimos 50 años en términos reales (gráfica). En efecto, tomando el valor del índice entre enero y mayo, en promedio, y descontando por IPC, el valor actual es el mayor desde el año 1975 (en aquellos tiempos el salario venía en caída). El IMS se calcula en base a los salarios formales de la economía.

Esto se ha dado con una importante suba en los niveles de empleo. Aumento simultáneo de salario y empleo (como se dio en los últimos 2 años) es el escenario más deseable y, obviamente, se aspira a que esto continúe. Hasta ahora, la economía parece haber logrado sostener estos niveles de salario y empleo, pero seguir avanzando a partir de estos récord históricos no es sencillo si no hay mejoras sostenidas de la productividad. Más aún considerando el contexto regional y global.

El ministro ya ha anticipado que, en esta oportunidad, no se establecerán pautas por sector, sino que se definirán franjas según nivel salarial, apuntándose a aumentos mayores para la franja inferior. Se plantean acuerdos a dos años, con ajustes semestrales, considerando la inflación esperada y con correctivos.

En todas estas cuestiones importan los detalles, que aún no están. Pero a modo de análisis preliminar, un primer punto que creo clave es cómo se incorporará (o no) la negociación por empresa. En aras de que no se erosione el empleo, es relevante que empresas en situaciones particulares de mercado o producción, puedan tener margen de maniobra para definir acuerdos particulares; a esto se han resistido históricamente los grandes sindicatos de rama (pierden poder de negociación) pero si se desconocen esas situaciones (en especial fuera de Montevideo) se corre el riesgo de perder empleo. Negociaciones por empresa (más allá de los descuelgues) pueden evitarlo y facilitar la incorporación de criterios de aumento por productividad.

Otro asunto clave es cómo se introduce la desindexación, punto que ha causado cierta fricción entre las carteras de Trabajo y Economía. Desde el equipo económico se enfatiza que la desindexación es clave para bajar la inflación y -así- generar un marco más robusto para mejoras salariales sostenibles a largo plazo. Pero esto se mira -por decir lo mínimo- con recelo desde el PIT-CNT. Habrá que ver qué inflación se toma (proyecciones) para los ajustes, qué correctivos se establecen y cómo se aplican. Porque en definitiva, aceptar ajustes nominales más cercanos a la inflación objetivo implica el riesgo de perder poder adquisitivo si la inflación no baja o sube; pero -al mismo tiempo- plantea un compromiso mayor de todas las partes para alcanzar ese objetivo (incluyendo a los empresarios formadores de precios); es un planteo ambicioso.

Otro punto relevante es el mencionado trato prioritario a los salarios más bajos, donde se apunta a aumentos mayores que al resto. Es natural la preocupación por los ingresos más modestos, pero aquí también hay dilemas: si se apunta -en esos estratos- a aumentos fuertes, se corre el riesgo de que se pierda empleo y se termine conspirando contra la necesaria formalización del trabajo (objetivo de consenso). Esto porque los empleos con salarios bajos son en general de menor productividad y captan empleo menos calificado. De manera que son la puerta de entrada al mercado laboral formal de muchos trabajadores informales o que pueden estar en riesgo de caer en la informalidad. Si el aumento es superior a lo que la productividad del puesto de trabajo en cuestión tiene, hay un estímulo a la automatización y/o la sustitución de esa actividad por otras, con el mencionado riesgo para el empleo.

La política salarial como política social tiene sentido pero tiene límites. Una política de salarios mínimos, amplia y razonable, tiene fundamento. Es el compromiso social general de que cualquier trabajador tenga un mínimo ingreso y prestaciones (en trabajo formal). Pero el Estado puede desplegar asistencia social importante a las personas y familias de bajos ingresos, con posibilidad cierta de completar el ingreso laboral, aplicando criterios razonables y revisables periódicamente. Política salarial y políticas sociales tienen que coordinarse de manera más profunda, mejorando las condiciones para los más vulnerables y estimulando el empleo formal, que es un objetivo explícito del actual gobierno.