25 de mayo 2024 - 15:36

El Ejecutivo quiere cambiar la ley de violencia de género y desata una polémica

El proyecto establece, entre otras cosas, la penalización de quienes realicen denuncias falsas. “Tratamos de hacer una ley un poco más equilibrada", dijo el presidente Luis Lacalle Pou.

El gobierno envió un proyecto al Parlamento para modificar la ley de género.

El gobierno envió un proyecto al Parlamento para modificar la ley de género.

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió al proyecto de ley que envió al Parlamento y que plantea modificaciones en la Ley de Género vigente en Uruguay: “Tratamos de hacer una ley un poco más equilibrada sin perder el norte”, justificó.

El gobierno busca cambiar la ley 19.580 de Violencia hacia las mujeres basada en género a través de un proyecto que envió al Parlamento. Los debates sobre el tema vienen desde hace semanas, y uno de los desencadenantes fue la confirmación de que la denuncia por abuso contra el precandidato presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi, resultó falsa.

Por ello mismo, una de las modificaciones apunta a la penalización de las denuncias falsas en materia de violencia de género. “Tratamos de hacer una ley un poco más equilibrada sin perder el norte, sin desvirtuar la ley“, afirmó Lacalle Pou al respecto. El mandatario dijo que los cambios son “en lo que hace a las pruebas, en lo que hace a las pericias, en lo que hace a las denuncias falsas”.

“La verdad que si leen los cuatro artículos que modificamos, van a ver que es de sentido común”, sostuvo, y agregó que “no desvirtúa la ley y es un proyecto de ley que, desde mi punto de vista, trae más garantías, esa es la idea”.

¿Qué modificaciones establece el nuevo proyecto?

El texto del proyecto de ley enviado al Parlamento establece cuatro modificaciones a la ley 19.580, con el objetivo de dar mejor justicia a los involucrados en casos de violencia de género, según justificó el gobierno, mejorando los aspectos que resultaron insuficientes o ineficaces.

La primera modificación sostiene que en caso de conflicto o duda se seguirá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia de género, pero que esto no debe debilitar las garantías y la valoración de las pruebas. En ese sentido, otro artículo indica que las pruebas ofrecidas por ambas partes deberán evaluarse de acuerdo con el principio de la sana crítica, respetando el derecho de defensa.

El tercer artículo indica que denuncias que se realicen a sabiendas de un delito que no se ha cometido o que sus indicios sean simulados, será de aplicación el delito de calumnia y simulación de delito.

Finalmente, el último artículo indica que luego de obtenida la sentencia de condena, además de la pena, la víctima podrá reclamar por la vía procesal correspondiente, una reparación patrimonial por los daños y perjuicios. En caso de aprobarse, modificaría la ley actual, que establece a texto expreso una reparación patrimonial para la víctima por un monto equivalente a doce ingresos mensuales del condenado, o en su defecto doce salarios mínimos, sin perjuicio de seguir la vía procesal correspondiente para obtener la reparación integral del daño.

La coalición se alinea detrás del proyecto modificatorio

En línea con las justificaciones oficiales desde el Poder Ejecutivo, en la coalición de gobierno se ve con buenos ojos el proyecto de ley que modifica la actual Ley de Género; aunque hay algunos reparos, principalmente con la forma en que se presentó el texto, sin previo aviso y en un contexto político tenso por el escándalo que golpea al Partido Nacional.

En el Partido Independiente, la voz contraria es representada por Mónica Bottero, directora del Instituto Nacional de Mujeres. Su principal punto de desacuerdo es la posibilidad de penas a quienes realicen denuncias falsas, ante la eventualidad de que dicha disposición lleve a que muchas personas no se animen a recurrir a la justicia ante casos de violencia de género.

Por otra parte, desde el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto —sector desde el que también reclamaron modificaciones— están más alineados con la propuesta.

Cosse cuestionó los cambios en pleno “escándalo institucional”

La precandidata del Frente Amplio, Carolina Cosse, cuestionó a su turno “la oportunidad” del gobierno, al señalar que “en medio de un escándalo institucional envía un proyecto de ley que sabe que va a provocar una reacción social importante”, sostuvo en alusión a la filtración de chats entre Pablo Iturralde y Gustavo Penadés.

“Yo si fuera el Ejecutivo me estaría preocupando de la crisis institucional que vengo teniendo. Me pregunto por qué hace esto. ¿Será que quiere que hablemos de otra cosa?”, se preguntó Cosse en rueda de prensa.

Puntualmente sobre los cambios, la intendenta de Montevideo en uso de licencia ´criticó “el gesto”, al señalar que “si tenemos 42.000 denuncias por violencia basada en género y sabemos según datos oficiales que en el 60% de los femicidios no hubo denuncia previa, lo que quiere decir es que el problema no está en una ley, sino en el hecho”.

“El problema grave que tiene Uruguay es la violencia basada en género”, sostuvo Cosse y sentenció: “En vez de atacar el problema, nos fijamos en cuestiones absolutamente extemporáneas”.

“¿Será que quiere demostrarle al pueblo uruguayo que esto se puede tocar? ¿Ese es el gesto que hay que darles a las miles de mujeres que están siendo víctimas de esto? ¿O el gesto no será redoblar los esfuerzos?”, aseveró la precandidata.

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