El Frente Amplio insiste en el Parlamento con el proyecto para reducir el monto máximo de los pagos en efectivo

El oficialismo busca que el tope se acerque a los u$s 20.000, muy inferior a la cifra actual establecida por la LUC.

El Frente Amplio busca limitar el monto de las transacciones en efectivo para combatir el lavado de activos.

El Frente Amplio (FA) volverá a presentar en el Parlamento un proyecto de ley que apunta a reducir el tope máximo para pagos con efectivo, con el objetivo de fortalecer la prevención contra el lavado de dinero y activos.

El objetivo es modificar el tope actual, que quedó en un millón de Unidades Indexadas (UI), es decir unos 150.000 dólares, a partir de la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) sancionada por el gobierno anterior.

La iniciativa no pretende retornar a los valores anteriores, cercanos a los 5.000 dólares, sino establecer “una cifra del orden de los 20.000 dólares”, anticipó el senador del FA, Eduardo Brenta, impulsor de la iniciativa.

Al referirse a los motivos del proyecto, argumentó que con el monto actual se podría "facilitar" el lavado de dinero o el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico u otro tipo de delitos.

Vale resaltar que durante el año pasado hubo un incremento del 5,8% en la cantidad de comunicaciones de denuncias por lavado de activos o financiamiento del terrorismo,de acuerdo a un informe del Banco Central del Uruguay (BCU), que contabilizó un total de 964 reportes de operaciones sospechosas (ROS).

Un planteo anticipado en campaña por el Frente Amplio

La modificación ya había sido impulsada por el hoy candidato a intendente de Montevideo, Mario Bergara, mientras que el propio Yamandú Orsi también se mostró a favor del cambio durante la campaña.

En octubre del año pasado, Orsi consideró que el monto actual es “demasiado alto” y “facilita un poquito” la posibilidad del lavado de activos. Si bien reconoció que el anterior “era poco”, se comprometió a “bajarlo”, pero buscando un punto medio.

El oficialismo recoge así un planteo que la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) encabeza desde 2020, tras la aprobación de la LUC, por considerar que la elevación del monto en ese entonces “facilitó el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y la corrupción”.