El Ministerio del Interior prepara un decreto para reducir la disponibilidad de balas para uso civil, pero ya reúne críticas de comerciantes que apuntan al mercado ilegal.
El gobierno endurece las regulaciones sobre la venta de municiones y despierta reclamos en el sector armero.
El Ministerio del Interior prepara un decreto que firmará en los próximos días, y que está orientado a regular y limitar la venta de municiones para uso civil, con el objetivo de reducir la disponibilidad de balas para los delincuentes; y como una medida complementaria para hacer frente al aumento de crímenes violentos en Uruguay.
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El uso de armas ilegales es uno de los aspectos de la inseguridad que la actual gestión del Ministerio del Interior, encabezada por Carlos Negro, viene señalando como explicación detrás de un incremento de la violencia en los delitos que, en los últimos días, además, se ha visto en forma de tiroteos en el área metropolitana. Por ello, el gobierno avanza en endurecer el control sobre el mercado de municiones como una de las respuestas a este escenario.
El argumento que se maneja en la cartera que tiene a su cargo la seguridad del país es que el acceso a las balas se encuentra desregulado en la práctica, por lo que cortar esa línea de suministro para delincuentes y bandas criminales se aparece como un paso clave para la reducción del poder de fuego y el desarme de estos grupos delictivos.
En esa línea, en los próximos días el Ministerio del Interior firmará un decreto que apunta a regular la tenencia y la comercialización de proyectiles, enfocándose especialmente en aquellas personas que los adquieren bajo el argumento de la defensa personal.
Actualmente, para comprar munición la normativa uruguaya exige presentar la cédula, la guía del arma y el Título de Habilitación para la Adquisición y Tenencia de Armas (Thata). Sin embargo, más allá de esto, la legislación para el uso civil común no fija un límite estricto o tope anual a la cantidad de balas que se pueden comprar de manera legal. De todos modos, si una persona común intentara adquirir grandes volúmenes de municiones —como lo hacen, por ejemplo, cazadores o tiradores deportivos federados—, encendería de inmediato las alertas de control del Servicio de Material y Armamento por almacenamiento inusual.
El gobierno apunta a ordenar y limitar las cantidades a partir de las cuales se considera almacenamiento inusual, además de incrementar las penas para quienes posean de forma ilegal armas de fuego.
Más allá del objetivo del decreto futuro —que sería presentado por Negro durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el jueves—, los primeros reclamos ya se hicieron escuchar desde el sector comercial vinculado a la venta de armas y municiones.
Según los armeros, el mercado legal ya está sometido a un riguroso sistema de controles, por lo que los esfuerzos deberían concentrarse en combatir el tráfico ilegal de armas y municiones, principal fuente de abastecimiento de la delincuencia. En ese sentido, explicaron que los requisitos para comprar balas tiene por detrás una habilitación —Thata— que exige la aprobación de exámenes médicos, evaluaciones psicológicas y cursos prácticos de tiro, así como documentación que permita verificar los antecedentes del solicitante. En paralelo, cada munición comercializada queda registrada con los datos personales del comprador y esa información es cruzada periódicamente con el Servicio de Material y Armamento.
Los operadores también señalaron que, aunque la normativa actual no establece un límite numérico explícito para la compra de municiones por parte de civiles, sí existen mecanismos de control que detectan adquisiciones fuera de lo habitual. Por todo esto entienden que las nuevas restricciones sobre el mercado formal tendrían un impacto limitado sobre la inseguridad.
En contrapartida, consideran las medidas para reducir la circulación de armas y balas deberían enfocarse en reforzar los controles sobre el contrabando y el tráfico clandestino.