El gobierno planea invertir u$s 130 millones en Casupá mientras se resuelve el proyecto Arazatí

La realización de la represa en Florida “está resuelta”, advirtió el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño.

El gobierno confirmó la realización de la presa en Casupá mientras continúa en pausa el proyecto Arazatí.

El Rionegrense

El gobierno tiene previsto invertir 130 millones de dólares para la construcción de la presa de Casupá en Florida como una solución para el problema del agua potable, cuyo financiamiento quedaría a cargo de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Así lo indicó el ministro de Ambiente (MA), Edgardo Ortuño, quien aseguró que “su realización está resuelta”, mientras continúan las negociaciones por el proyecto Arazatí, firmado por la administración de Luis Lacalle Pou y resistido por la de Yamandú Orsi.

En ese marco, el MA avanza con el estudio ambiental de la iniciativa, en conjunto con la Dirección Nacional de Evaluación y Calidad Ambiental (Dinacea), la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) y la gerencia general de OSE que preside Pablo Ferreri.

El crédito de CAF “sigue en pie”, anticipó Ortuño sobre cómo se afrontará la obra, cuyo costo está previsto en 130 millones de dólares, aunque se producirá en los próximos días una “actualización de los costos”. Sobre el beneficio de la obra, el jerarca resaltó que “asegurará 118 millones de metros cúbicos de agua a través de la reserva”.

Qué ocurre con el proyecto Arazatí

En paralelo, avanza el período de 90 días iniciado a fines de abril entre el gobierno y el consorcio encargado de construir el proyecto Arazatí, en San José, para renegociar el contrato rubricado por Lacalle Pou.

Mientras ambas partes discuten aspectos técnicos y asuntos legales, Ortuño recordó que el Frente Amplio (FA) tiene “una visión crítica” de esa iniciativa y que transmitieron a los empresarios su decisión de “priorizar” Casupá.

De hecho, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, admitió que “todo el proyecto está arriba de la mesa", anticipando la posibilidad de una cancelación de la iniciativa. Incluso, el Ejecutivo recibió a organizaciones que están en contra de la iniciativa y presentaron un recurso de nulidad para pedir que se anule el contrato.