El accionar judicial estará a cargo del prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, que dará inicio al proceso en Fiscalía por la tarde.
El gobierno presentará este viernes la denuncia penal y civil contra Cardama por presunto "fraude o estafa".
El gobierno presentará este viernes por la tarde la denuncia civil y penal contra el astillero español Cardama ante la sospecha de "fraude o estafa" respecto de la garantía incluida en el contrato por la construcción de dos patrullas oceánicas tipo OPV.
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El encargado del proceso, al igual que en los demás conflictos y litigios con actores internacionales que enfrenta Uruguay, será el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz. El jerarca presentará la demanda en Fiscalía, según informó Subrayado, cumpliendo lo que el mismo presidente, Yamandú Orsi, adelantó el miércoles respecto del camino que seguiría su administración ante el devenir de los hechos.
Ese mismo día, el mandatario —acompañado por Díaz y por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez—, informó a la población en conferencia de prensa que, al momento de querer ejecutar la garantía por incumplimiento del contrato por parte de Cardama, el gobierno tomó conocimiento de que la compañía garante EuroCommerce Bank, no funcionaba en el lugar y sería una "empresa de papel" —en proceso de liquidación, bajo el nombre de un ciudadano ruso y sin actividad durante el último año. Lo que llevó a las autoridades de hablar de "fraude o estafa contra el Estado uruguayo" y a iniciar acciones legales para la rescisión del contrato.
Tanto desde el astillero como desde la oposición, señalan que dichas irregularidades responden únicamente a cuestiones formales y temas de apostillado; e insisten en que no es motivo suficiente para dar por finalizado el contrato por el que, hasta el momento, el Estado pagó 30 millones de dólares en total, a través de tres transferencias.
Además de la denuncia en Fiscalía, las autoridades anunciaron una investigación administrativa en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco República (BROU); así como una comisión preinvestigadora en el Parlamento.
Por su parte, la ministra de Defensa Nacional (MND), Sandra Lazo, sostuvo que era Mario Cardama, el dueño del astillero, quien "tenía la obligación contractual de ser cauteloso y renovar hace un mes atrás esta garantía". Su comentario fue en respuesta a los cuestionamientos del empresario respecto de que el gobierno no se hubiera comunicado con él sobre los atrasos o las dudas sobre la garantía denunciados como incumplimiento.
"Cometí un error administrativo que teniendo la garantía en la oficina, pues que no la envié, y me olvidé del tema, sinceramente, lo tengo que reconocer. Si eso me va a costar cerrar la empresa y que el proyecto se caiga, pues me va a costar. Pero la realidad es que es un error personal, de mi parte, que me olvidé de enviarlo", se había excusado el español.
Para Lazo, esa no renovación es suficiente para ejecutar el contrato que, además, incluye una cláusula favorable para el Estado uruguayo, que estable que, ante el incumplimiento del constructor y si perjuicio de las garantías constituidas, las embarcaciones —en el estado de construcción que hayan alcanzado— pasan a ser propiedad del Ministerio de Defensa Nacional. “Si todo eso, que para nosotros realmente es una alerta, es que quién tenía que estar atento a este tema es el que está construyendo, y el único barco que está construyendo es esta lancha. No puede ahora venir a decir que había que avisarle. No es serio”, insistió la jerarca.
“Un contrato entre un prestador y el Estado uruguayo tiene que tener seriedad. La recomendación de este estudio jurídico es que podemos estar ante un fraude. Por lo menos todo indica que puede llegar así. Tenemos que tener seriedad y ver los pasos a seguir”, agregó, señalando que tanto los informes presentados por los instructores que monitorean la construcción como la estructura misma del contrato también encendieron señales de alerta en el gobierno.
Respecto de las acusaciones hechas por el exministro de Defensa, Javier García, Lazo consideró que “tiene derecho a opinar lo que quiera” pero que debería “sentarse un poquito y pensar dónde están los intereses del Estado”.
“Siempre estuvimos de acuerdo con adquirirlas (las patrullas). No a cualquier costo, y no a costo del Estado uruguayo. Si lo que vamos a hacer es producto de un experimento con la vida de nuestros efectivo, le digo que eso no lo queremos. Sí buscaremos la forma de que la Armada para cumplir su función tenga los elementos que tiene que tener, pero no a cualquier costo”, remarcó.
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