El Frente Amplio se encolumna detrás del Poder Ejecutivo por el caso Cardama: "¿Dónde están los 4 millones de euros de la garantía?

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, afirmó que no permitirán que el astillero español "se maneje de esa manera" y los legisladores apuntan "irresponsabilidades" del gobierno anterior.

El Frente Amplio se encolumna detrás del Poder Ejecutivo y cuestiona los procedimientos durante el gobierno anterior.

Captura: @MDN_Uruguay

El Frente Amplio (FA) se encolumna detrás de la decisión del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama por la construcción de las patrullas oceánicas tipo OPV y apunta a proteger "los recursos del Estado uruguayo" ante la incertidumbre que rodea la garantía y los 4 millones de euros que debieron ser reembolsados.

"Estamos evitando que este negocio esa un experimento a costa de los recursos del Estado uruguayo", aseguró la ministra de Defensa Nacional (MDN), Sandra Lazo, respecto de la decisión unilateral del Poder Ejecutivo de rescindir el contrato de las patrullas oceánicas, heredado de la gestión anterior, y activar la garantía incluida en el mismo luego de que no fuera "renovada en tiempo y forma".

El gobierno frenteamplista fue crítico de la compra desde la asunción misma, cuando Lazo, al frente de la cartera de Defensa, comenzó una investigación sobre el proceso que derivó en la selección del astillero español para el trabajo y sobre el contrato que finalmente fue firmado por un total de 100 millones de dólares durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Pero el problema estalló cuando el embajador uruguayo en Reino Unido, Luis Bermúdez, se acercó hasta el EuroCommerce Bank —con sede en Londres— para ejecutar la garantía, y constató que la aseguradora no figuraba en el domicilio indicado.

En entrevista con M24, Lazo adelantó que este jueves "se hará efectiva" la decisión anunciada por el presidente, Yamandú Orsi, en conferencia de prensa: "Si el presidente anuncia que va a rescindir el contrato porque siente que detrás de esto puede haber una estafa, creo que tenemos que parar y definir otros criterios”, consideró, afirmando que la relación con Cardama cambiará a partir de lo recientemente conocido.

“¿Dónde están los 4 millones de euros que debieron ser reembolsados en la garantía? Las patrulleras oceánicas de Uruguay no son un experimento a costa de los recursos del Estado”, agregó la ministra respecto de la cuestión de fondo detrás de una nueva polémica en torno a medidas tomadas por el gobierno anterior. En esa línea, señaló también que será la Justicia la que deba dirimir qué sucederá con los 30 millones de dólares que el Estado uruguayo ya adelantó al astillero: "No vamos a permitir que se manejen de esa manera", insistió.

Según el gobierno la empresa garantista "es de papel y no existe"

Por su parte, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, insistió en que el gobierno tiene "fuertes indicios de que la empresa que garantizaba es una empresa de papel que no existe".

El dirigente explicó a la prensa que el Poder Ejecutivo encargó una "investigación rápida" sobre EuroCommerce Bank: "Lo que arrojó esa investigación es que la empresa lleva dos años sin tener operación económica, que tuvo un solo trabajador en el año 2022, que en el año 2023 y 2024 no tuvo ningún empleado, y que es propiedad de un ciudadano ruso que reside en Rusia pero que la registró en el Reino Unido", resumió.

Tanto desde Cardama como desde la oposición —representada por el exministro de Defensa, Javier García —, el argumento es que la aseguradora cambió de dirección y que se trata de fallos en "formalidades que después se corrigieron". Para el gobierno, sin embargo, "hubo un intento de estafa al Estado con una garantía", y consideran "que la Justicia debe investigar para ver si los funcionarios públicos de la época tomaron los recaudos necesarios", aseguró Sánchez.

"Ni política menor, ni nada por el estilo, nosotros denunciamos porque es lo que debe hacer un funcionario público", agregó, sobre todo, considerando que, "frente a un contrato millonario, pareciera ser que no se tomaron todos los recaudos necesarios para proteger al Estado uruguayo". "Dejemos que la Justicia investigue y si se comprueba o no este fraude", subrayó.

El respaldo de los legisladores frenteamplistas

En paralelo a la confirmación por parte del gobierno de la rescisión del contrato con Cardama, legisladores del oficialismo salieron a respaldar la decisión del Ejecutivo.

Uno de ellos fue el coordinador de la bancada frenteamplista en el Senado, Daniel Caggiani, que expresó en redes sociales: “A estas cosas nos referíamos cuando hablábamos de cráteres, bombas y el campo minado que nos entregaron cuando asumimos la responsabilidad de gobernar nuevamente nuestro país”, apuntó.

La también senadora Bettiana Díaz, por su parte, celebró "una excelente decisión del gobierno uruguayo" al denunciar "en lo civil y lo penal" un proceso "que a todas luces parecía irregular y el gobierno anterior definió continuar". “Es importante ir a fondo en conocer quiénes son los involucrados en la toma de decisiones en todo este proceso”, apuntó.

Otros senadores que se expresaron a favor de la rescisión fueron Sebastián Sabini, Nicolás Viera, Liliam Kechichian y Constanza Moreira. Al respecto, el primero calificó como "una irresponsabilidad absoluta por parte de la administración pasada" lo ocurrido con Cardama, y cuestionó que después esos dirigentes den "discursos solemnes sobre el manejo de los dineros públicos".

"Es necesario cuidar los intereses del país y de la sociedad, cosa que otros claramente nos hicieron", coincidió Viera, que también pidió que se vaya "a fondo para conocer todas las responsabilidades".

“Fuertes indicios de fraude y/o estafa en la compra de las patrullas oceánicas. ¡Qué se llegue a la verdad!”, publicó, en tanto, Kechichian. "Habrá que determinar las responsabilidades jurídicas y económicas del compromiso del erario público con esta compra millonaria", sumó Moreira