Las mismas reclaman la nulidad del proyecto ya que lo consideran caro, insuficiente e inconveniente para la población.
El Proyecto Arazatí se pone en juego durante el gobierno de Yamandú Orsi.
Las organizaciones en contra del proyecto Arazatí (Neptuno) se reunieron con el Poder Ejecutivo para solicitar su nulidad, basados en que es altamente perjudicial para la población, como así también para el ambiente, las mismas se mostraron conformes con las respuesta del gobierno.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Los delegados de los colectivos de la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose), como así también del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) se reunieron con representantes del gobierno con el objetivo de dejar en claro su posición en contra del desarrollo de la obra prevista en el departamento de San José, específicamente en Arazatí.
"Desde el gobierno nos dijeron que están trabajando esa y otras opciones", aseguró el integrante de Movus, Raúl Viñas. En ese sentido, insistió en que el encuentro tenía el objetivo de "dejar en claro que el contrato firmado es un contrato viciado de nulidad", por lo que anularlo sería la mejor opción disponible ya que lo consideran "insuficiente, inconveniente y sumamente caro".
Las explicaciones de las organizaciones corresponden a que el contrato sería nulo debido a que "contiene cláusulas que van en contra de las normas del país", basados en el Código Civil, por lo que se explicita que el proyecto “no genera ningún derecho para ninguna de las partes”.
En tanto, aseguraron que, en caso de que no se lleva a cabo la nulidad por parte del gobierno, "se va a estar presentando ante la justicia civil por parte de las organizaciones sociales".
En el marco de las elecciones departamentales, y sobre el hecho de que OSE y Aguas de Montevideo acordaron suspender el contrato por 90 días, los candidatos a intendente por San José emitieron un comunicado en conjunto en contra del desarrollo del proyecto.
El documento fue firmado por seis de los siete candidatos totales por la intendencia, siendo la nacionalista Ana Bentaberri (y quien busca la reelección) la única que se negó a adherir. Entre los firmantes se encuentran María Noel Battaglino (FA), Federico Diana (FA), Ofelia Umpiérrez (FA), Rubén Bacigalupe (PN), Alfredo Lago (PC) y Darío Camilo (UP).
Basados en estudios y las advertencias por parte de la Universidad de la República (Udelar), el documento especifica algunos de los efectos que tendría el desarrollo en la planta. Entre ellos, se encuentran los períodos de salinidad floraciones y cianobacterias, el riesgo irreversible del acuífero Raigón por la construcción de un pólder, como así también el depósito de lodos posterior al tratamiento de las aguas.
Además, aseguran que se perderían definitivamente las tierras más productivas de todo el país, como así también la perdida de empleo para cientos de trabajadores.
Entre otros de los reclamos, se encuentra que el costo de la obra realizada por empresas privadas, "sería como mínimo 3 veces superior al de la misma obra si fuera realizada por el Estado". Por otro lado, aseguran que "el contrato es nulo por no tener un objeto lítico".
A esto se refieren que la ilicitud está dado por "ser contrario a la norma de orden público contenida en el artículo 47 de la Constitución de la República". El mismo establece que “el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.
Dejá tu comentario