El Poder Ejecutivo presentó una demanda en la Justicia civil uruguaya por "incumplimientos graves", "dolo" y "mala fe" del astillero español.
El gobierno redobla su ofensiva judicial contra Cardama y reclama más de u$s 35 millones.
El gobierno redobla su ofensiva judicial y presentó una demanda civil contra el astillero español Cardama en la que reclama más de 35 millones de dólares por daños y perjuicios contra el Estado uruguayo, en el marco de la compra de las patrullas oceánicas (OPV).
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En una extensa presentación de cerca de 200 páginas, que recaerá en la oficina del juez letrado en lo Civil de Noveno Turno, Alejandro Recarey, el gobierno avanzará también en el plano de la Justicia civil para intentar recuperar los casi 29 millones de euros que ya habían sido abonados por el Estado dentro del contrato firmado por la administración anterior; así como otros montos relacionados con un "incumplimiento grave y manifiesto", un "conflicto de intereses", la privación de uso de las dos OPV que no fueron entregados, y otros daños y perjuicios.
En la demanda, el Poder Ejecutivo realizó una detallada explicación de las múltiples irregularidades encontradas en el contrato y en el proceso de contratación de Cardama —las cuales llevaron a la decisión de rescindir el vínculo—, principalmente en torno a las garantías presentadas por el astillero.
Según informó el medio especializado Infodefensa, la denuncia apunta centralmente a la falsa garantía de fiel cumplimiento por 4.113.500 euros emitida por EuroCommerce, una empresa "de papel" que desapareció y cuyo acto notarial para demostrar su veracidad también habría sido falsificado.
Pero, igualmente, el gobierno apuntó contra la garantía de reembolso por 8.227.000 euros, emitida por la entidad financiera RedBridge, con sede en Barbados, sobre la cual surgieron incongruencias. La más importante es un "conflicto de intereses no develado al Estado uruguayo", ya que el corredor de seguros local que hizo las gestiones, M y N de Freitas —presentado como un "corredor independiente" que certificó ante el Ministerio de Defensa la capacidad de la compañía como aseguradora— figura como corredor minorista en la misma póliza de RedBridge.
"Esta circunstancia configura un evidente conflicto de intereses no declarado y priva de todo valor y credibilidad al informe de idoneidad", señaló la demanda, agregando que el hecho "agrava sensiblemente el cuadro de incumplimientos" por parte de Cardama, el cual es "grave y manifiesto", y con intensiones de "engaño o fraude contra el Estado". Esto, independientemente de que haya estado o no "involucrada en las conductas ilícitas que derivaron en la falsedad de la garantía”, ya que fue el astillero el que seleccionó las entidades intervinientes.
Ante estas situaciones y otras tantas señaladas en la demanda, el gobierno exige ser resarcido económicamente. En primer lugar, considerando los 28.794.500 euros que ya fueron abonados, pagos “realizados en la confianza de que las garantías contractualmente exigidas habían sido válidamente constituidas y resultarían efectivamente ejecutables en caso de incumplimiento”; algo que habría quedado demostrado que no es así.
Para el Poder Ejecutivo, los incumplimientos de Cardama trascienden la negligencia grave y presenta características propias del dolo que se observan no solo en la falsificación documental, sino en el incumplimiento sistemático de los plazos de construcción de las OPV, por lo que también acusa al astillero de haber actuado de "mala fe".
"Incumplimiento contractual", "culpa", "daño" y "nexo causal" son las figuras que sostiene el gobierno contra la empresa constructora de las patrullas oceánicas, insistiendo además en su "patrón" fraudulento.
El reclamo económico se estima en más de 35 millones de dólares, y comprende la suma de casi 29 millones de euros ya abonada con sus intereses, a razón de un 6% anual desde la fecha de cada pago hasta el reintegro efectivo; los 18.099.400 de euros en concepto del "daño futuro" generado para el Estado ante el incumplimiento de Cardama, que "impidió" el fortalecimiento de la vigilancia oceánica local —desde la fecha de finalización prevista para cada buques hasta "el plazo razonable necesario para que puedan adquirirse" las dos OPV con otros proveedores, "no menos de dos años" desde el inicio de su construcción—; y otro monto por "daño futuro por el sobreprecio" de comprar las nuevas embarcaciones, más los costos asociados a la demanda misma.
En paralelo, el documento establece que las patrullas comenzadas por Cardama son estructuras navales parcialmente ejecutadas y no embarcaciones terminadas ni operativas, por lo que su "costo neto integra los daños indemnizables".