La Agrupación UTE advirtió sobre un "contrato deficitario" para la empresa pública con HIF Global y señaló un traslado de costos a los uruguayos.
El precio de la energía para el hidrógeno verde es el "principal problema económico" del proyecto.
El proyecto para la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú —proyectado como la inversión más importante en Uruguay— sigue siendo una incertidumbre y, además de la relocalización, otro obstáculo principal para la firma del contrato es el precio de la energía eléctrica: "Va a estar subsidiado por todos nosotros que somos clientes de UTE", advierten los trabajadores.
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Pese a las grandes expectativas y a un optimismo que se mantiene tanto en el gobierno como en la empresa de capitales chilenos que busca llevar a cabo el proyecto, HIF Global, la iniciativa de construcción de una planta de hidrógeno verde no está más cerca de concretarse. Mientras que la relocalización de la obra fue una de las cuestiones más conflictivas —por el matiz diplomático con Argentina que se habría resuelto, aunque la compañía no confirmó haber tomado una decisión al respecto—; el costo de la energía eléctrica que la planta necesitará para operar es otro de los principales obstáculos para un acuerdo definitivo.
En ese sentido, HIF Global plantea un valor en torno a los 40 dólares por megavatio hora, mientras que el precio que la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado (UTE) para los grandes consumidores industriales —como, por ejemplo, las plantas de celulosa en el país— es cercano a los 90 dólares. La diferencia es grande, y supone un problema de doble mano: mientras que la empresa sostiene que el valor propuesto es el competitivo para el proyecto —abriendo las puertas a la posibilidad de que, con otra tarifa, finalmente no lleve a cabo la inversión—, desde el gobierno entienden que no es rentable cobrar tan poco por el servicio.
Al respecto se refirió también la Agrupación UTE (AUTE), para quienes el precio que exige HIF Global generaría un contrato deficitario para UTE, el cual se trasladaría, en parte, a los usuarios del servicio eléctrico.
Según expresó el secretario de AUTE, Jhonny Saldivia, en diálogo con Caras y Caretas, el costo para la empresa pública del abastecimiento de energía a un establecimiento que se proyecta como uno de los consumidores más grandes de energía eléctrica del país es un punto central. Y por ello, debe ser discutido con seriedad y profundidad, considerando las consecuencias que implicará cualquier decisión en ese sentido.
De hecho, señaló que se trata de uno de los principales problemas económicos del proyecto, teniendo en cuenta la magnitud del subsidio que implicará llevarlo a cabo. Al respecto, mencionó unos 60 millones de dólares en concepto de energía y otros 300 millones vinculados con infraestructura y mantenimiento de la potencia firma, según cifras calculadas por el exvicepresidente de UTE, Pablo Ferrari.
“Eran 75 millones de dólares lo que se había estimado como déficit anual si el contrato se firmaba en los términos que la empresa lo planteaba, en el orden de 40 dólares el megavatio”, señaló Saldivia. En cuanto a la diferencia del precio que pagaría HIF y el costo promedio de generación de energía, la brecha sería de casi el 50%, según el cálculo sindical.
En ese sentido, AUTE sostiene que este eventual subsidio debe analizarse considerando las inversiones que deberá hacer UTE para asegurar la infraestructura necesaria tanto para garantizar el suministro el proyecto como para el resto de sus clientes; pero, también, en relación con la inversión privada y las garantías de retorno que existen para Uruguay. Con estos aspectos sobre la mesa, "sí vemos que este contrato en particular es un contrato deficitario, que va a estar subsidiado por todos nosotros que somos clientes de UTE”, advirtió el secretario gremial.
Adicionalmente, Saldivia señaló que la situación internacional —menos preparada para la incorporación de hidrógeno verde como vector energético de lo que se esperaba en las proyecciones, y con costos en torno los 14 euros para este energético, cuando deberían ser de 4 euros para que el negocio resulte competitivo— refuerza las dudas sobre la viabilidad económica de la iniciativa. Sin descartar su potencial como alternativa energética en los procesos de descarbonización, "actualmente, en términos económicos y de eficiencia, no está siendo rentable".
En paralelo, AUTE entiende que no existen garantías suficientes de que el proyecto genere el derrame económico y laboral que se anunció inicialmente, mientras sí existiría un costo concreto para la empresa pública. “Uruguay no puede entrar en esto”, resumió Saldivia, al considerar que la combinación de un alto costo energético, inversiones adicionales de UTE y un mercado internacional todavía incierto puede terminar haciendo que los usuarios financien una parte significativa de un negocio privado.