La Cámara de la Industria Pesquera confirmó que este viernes volvió a operar toda la flota con normalidad y piden una refundación del sector.
El sector pesquero perdió más de 40 millones de dólares por el conflicto sindical.
Luego de varios meses de paralización en el sector pesquero debido a conflictos sindicales, la Cámara de la Industria Pesquera del Uruguay (CIPU) comunicó que finalmente todas la flota se encuentra en operación; sin embargo, desde el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) aseguran que los reclamos no acabaron.
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CIPU festejó a través de una publicación en su cuenta de X que el buque congelador Río Solís II, el más moderno de la flota, llegó al puerto Capurro con 578 toneladas de pescado para exportación y tras 27 días de marea. Por otro lado, aseguraron que la convocatoria de personal realizada un mes atrás dio buen resultado ya que el 20% de la tripulación provino de allí.
"Esto tiene que servir como aprendizaje para todos para que no vuelva a ocurrir un conflicto de esta magnitud", comentó el presidente de CIPU, Juan Riva-Zucchelli, en diálogo con Telemundo, al recordar que el conflicto en el sector derivó en pérdidas millonarias que no solamente afectaron al núcleo más duro, sino también a los actores adyacentes.
En ese sentido, Riva-Zucchelli añadió que es necesario cumplir con los acuerdos que se alcanzaron y trabajar para hacer cambios estructurales. "Uruguay no se puede dar el lujo de parar una actividad que genera millones de dólares en exportaciones y derrama en toda la sociedad", remarcó.
Mientras, desde Suntma insisten en que el conflicto sigue en pie y que los reclamos son los mismos. “Lo único que cambió es que se levantaron las medidas. Las reivindicaciones planteadas siguen sobre la mesa”, dijo el vocero del sindicato, Alexis Pintos. Los pedidos del gremio corresponden a la necesaria incorporación de un tripulante más que pueda suplir al patrón de pesca mientras descansada.
Por otro lado, desde el sindicato denuncian que la patronal no cumple con el convenio de trabajo y que están intentando que desaparezcan. "Están obligando a firmar un contrato convenio para poder salir a pescar", dijo Pintos y añadió: “Esa refundación de la pesca que plantean solo existe en los hechos para ellos, como si la pesca fuera de ellos y no del Estado”.
El conflicto comenzó el pasado 28 de mayo, cuando el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) exigió la incorporación de un segundo patrón en los barcos costeros para garantizar las guardias y el descanso de las tripulaciones. Esta medida fue rechazada por los empresarios, quienes argumentaron que incrementaría los costos operativos. Como resultado, la paralización afectó tanto a los barcos costeros como a los de altura, que no estaban involucrados en la disputa inicial.
Durante el conflicto, se registraron hechos de violencia en el puerto, presuntamente provocados por tripulantes ingresados por el sindicato, lo que complicó aún más la situación. Además, las empresas pesqueras enfrentaron dificultades para contratar nuevos trabajadores debido a la obligatoriedad de afiliarse al sindicato para poder embarcarse, lo que limitaba la libertad de trabajo. Como respuesta, algunas empresas ofrecieron hasta 12.000 pesos por día para atraer tripulantes sin experiencia, aunque advirtieron que el ingreso variaría según la pesca disponible.
Tras casi tres meses de negociaciones, la pelea llegó a su fin. Sin embargo, las pérdidas económicas fueron significativas, estimándose que el sector sufrió daños por más de 40 millones de dólares. El presidente de la CIPU advirtió que el daño era irreparable, ya que se habían perdido dos zafras consecutivas, afectando la producción y exportación de especies como corvina, merluza y calamar.
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